CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Hay 29 partidos políticos en Guatemala con aspiraciones para gobernar y ocupar cargos públicos, en unas elecciones en las que se renovará el presidente, el vicepresidente, los diputados al Congreso, los alcaldes y los diputados al Parlamento Centroamericano. Miles de precandidatos fueron inscritos por el Registro de Ciudadanos, pero su criterio en la admisión o rechazo de algunos nombres ha abierto la discusión, principalmente, en casos de binomios presidenciales.

Las reglas para participar las define la constitución de la República y la ley Electoral y de Partidos Políticos, que establecen requisitos y prohibiciones. Ramiro José Muñoz Jordán es el registrador de Ciudadanos, que recibe y decide sobre los pedidos de inscripción.

Éste es el caso a caso de los aspirantes que han generado controversia, en unos por su admisión y en otros por el rechazo a participar en la próxima contienda electoral.

Aspirante a vicepresidente del MLP, rechazado:

El partido Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP) es un partido de izquierda fundado por indígenas y campesinos que aboga por un estado plurinacional. Thelma Cabrera lidera su binomio y es la única mujer indígena postulada para la presidencia, a la que le acompaña Jordán Rodas Andrade, exprocurador de los derechos humanos, como aspirante a vicepresidente.

Los planes del MLP tropezaron con la decisión del registrador electoral de negar la inscripción del ‘número dos’ por no contar con un documento que dé fe de que no tiene cuentas pendientes con el Estado. El llamado finiquito es un requisito establecido en la ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. No obstante, el exprocurador no tiene prohibición constitucional para concurrir a elecciones.

Rodas Andrade, acérrimo crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, defiende que la negativa que ha recibido es una venganza en su contra por denuncias hechas y asegura que tiene un finiquito válido.

Solo unos días antes de inscribirse como candidato, su sucesor en el cargo de procurador, Alejandro Córdoba, elegido por el oficialismo y aliados, lo denunció por dudas en el pago de sus prestaciones. Según la Contraloría de Cuentas, que emite esas certificaciones, aparece como un reparo que invalida su documento.

El partido político elevó la decisión al Tribunal Supremo Electoral, que tiene la capacidad de ratificar o corregir el criterio del registrador, pero este mantuvo el rechazo, así como la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su apelación está en la Corte de Constitucionalidad (CC), que tendrá la última palabra.

Y si se niega la inscripción del vicepresidente, automáticamente queda fuera también la candidata a presidencia.

Rechazo por campaña electoral anticipada:

Aunque la inscripción del candidato Roberto Arzú García Granados, postulado por el partido político de derecha populista Podemos, fue inicialmente admitida por el Registro de Ciudadanos. Su candidatura a presidente se cayó ante el tribunal electoral.

Arzú es hijo del expresidente Álvaro Arzú y su propuesta electoral aboga por reactivar la pena de muerte, pese a que lo prohíba el Pacto de San José del que Guatemala es signataria. Una encuesta reciente de Cid Gallup le coloca en un posible tercer lugar de la contienda presidencial.

Fue otro partido, el Frente de Convergencia Nacional (del expresidente Jimmy Morales), el que impugnó la inscripción de Arzú aduciendo que había hecho campaña electoral anticipada. El TSE acogió los argumentos y anuló el registro. La Corte Suprema les negó un amparo y entonces apelaron la decisión en la Corte de Constitucionlidad, que tiene pendiente su decisión.

En contraste, otros dos candidatos presidenciales contra los que se generaron advertencias de campaña anticipada conservan su inscripción.

Hija de exdictador procesado por genocidio, admitida:

Zury Mayté Ríos Sosa, hija de José Efraín Ríos Montt, el exdictador fallecido que recibió una condena -luego anulada- por genocidio, se postula como candidata presidencial por la coalición de partidos Valor-Unionista, de tendencias de derecha radical.

En el partido de Ríos Sosa, hay exfuncionarios de gobierno y particulares que hicieron campaña para que saliera del país la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que desarticuló grupos del crimen organizado, corrupción e impunidad durante 12 años, hasta 2019.

El artículo 186 de la constitución de Guatemala impide optar al cargo de presidente y vicepresidente a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus parientes. Con base en esa restricción, se le prohibió a Ríos Sosa en anteriores ocasiones la participación electoral.

Sin embargo, para la contienda del 25 de junio, la hija de Ríos Montt fue una de las primeras candidaturas inscritas. Aunque la decisión fue impugnada por el partido CABAL, tanto el TSE como la Corte Suprema ratificaron su admisión como candidata.

Un ex pastor evangélico para vicepresidente, admitido:

Las postulaciones de Sandra Torres Casanova, exprimera dama (divorciada del fallecido expresidente Álvaro Colom Caballeros 2008-2012), y de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, también fueron impugnadas. Ambos concurren por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro derecha.

Torres Casanova estuvo detenida y fue procesada en un caso de corrupción durante el gobierno de su exesposo, pero las cortes de justicia fallaron en su momento a su favor. Guerra es un pastor evangélico que participa por primera vez en política.

El partido TODOS pidió anular la participación ambos pues la constitución también prohíbe a los ministros de cualquier religión o culto ser candidatos a presidente y vicepresidente. Guerra renunció públicamente a su ministerio de culto unos días antes de inscribirse como candidato.

El Registro aceptó y el tribunal electoral ratificó la decisión a favor de ambos. Un criterio que se mantuvo también ante la justicia ordinaria.

Aceptados candidatos locales investigados o condenados:

El registrador inscribió como candidato a alcalde por el departamento de Jutiapa, al este del país, a Jaime Martínez Lohayza, exdiputado que postula por el partido de Ríos Sosa y que fue investigado, procesado y cumplió condena por tráfico de influencias. Su candidatura está en pie.

En el ordenamiento jurídico guatemalteco, solo con condena firme y ejecutada -agotados todos los recursos posibles- se pierden los derechos de participación política mientras se cumple la pena. Pero a la vez, la ley de Probidad exige a los aspirantes requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para optar a cargos públicos.

También se aceptó la inscripción como candidato a diputado de Esduín Jerson Javier Javier, alcalde del municipio de Ipala del departamento de Chiquimula, al este de la capital. En 2021, la Fiscalía solicitó que se le retirara la inmunidad de alcalde, pero el caso no tiene avances. Se postula por el partido CAMBIO, del expresidenciable Manuel Baldizón, sentenciado y deportado de Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico.

A los políticos Felipe Alejos Lorenzana, del partido TODOS, y Allan Rodríguez, del oficialista VAMOS les fue retirada la visa de entrada a Estados Unidos por vínculos con corrupción. Al primero, además, le aplicaron la Ley Magnitsky, que prohíbe a empresas que tengan nexos con Estados Unidos establecer relaciones comerciales con él y la Fiscalía intentó cuatro veces que se le retirara la inmunidad para investigarlo por corrupción, sin que la Corte Suprema diera paso. Ambos son diputados y candidatos a diputados para la próxima legislatura, con inscripción aceptada por el registrador.