Para Yeri Guerra, vivir durante la crisis de Venezuela significa que a veces se salta el desayuno para que sus dos hijos pequeños puedan comer antes de ir a la escuela. Otros días, ninguno de ellos come.
“A veces ellos no van al colegio porque yo no tengo para darles, para hacerles el desayuno” y los deja en encerrados en casa, comentó.
Guerra, una viuda de 39 años que vive en un barrio pobre de Caracas, no está sola. Según una encuesta publicada recientemente por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, uno de cada tres venezolanos tiene dificultades para poner sobre la mesa suficientes nutrientes debido la severa contracción económica y su larga crisis política.
La mayoría de los venezolanos tiene una dieta deficiente, pero a diferencia de años recientes, cuando era provocada esencialmente por la escasez de alimentos básicos, ahora la causa principal son los elevados precios que se fijan de acuerdo a su costo en dólares. El sueldo mínimo, que devenga la mayoría de los trabajadores, es de unos cuatro dólares al mes.
Ahora “comemos muchísimo menos”, indicó Guerra, que almuerza junto a sus dos hijos más pequeños en un comedor de beneficencia cinco días a la semana. Sus dos hijos mayores migraron a Colombia por la crisis.
El dinero con el que suele contar para la cena apenas alcanza para comprar un muslo de pollo que deben compartir los tres. Agregó que a veces no come “para que alcance para ellos”, y que extraña comer “bien” y “en familia”.
Un sondeo a nivel nacional basado en 8.375 cuestionarios reveló el perturbador escenario de un enorme número de venezolanos que sobreviven con una dieta deficitaria, formada principalmente por tubérculos como yuca y frijoles debido a que la hiperinflación en Venezuela ha minado su poder de compra. Las proteínas como los huevos y la carne son lujos que no están al alcance de todos.
Un total de 9,3 millones de personas –casi un tercio de la población– padecen inseguridad alimentaria moderada o severa, indicó el PMA en su informe. La inseguridad alimentaria se define como la incapacidad de una persona para obtener los requerimientos dietéticos básicos.
El estudio indicó que es una preocupación en todo el país, aunque algunos estados como Delta Amacuro, Amazonas y Falcón, que se cuentan entre los más pobres, tienen niveles más altos.
Incluso en regiones más prósperas como Caracas se calcula que una de cada cinco personas padece dificultades para comer bien.
Wilfredo Corniel, un sacerdote de la iglesia “San Miguel Arcángel” del barrio “El Cementerio”, en el oeste de la capital venezolana, ha dicho que una de las primeras cosas que notó al llegar al sector en 2016 fue que en cada esquina –donde había basura apiñada, entre las cinco y seis de la tarde– la gente hurgaba en los desechos en “busca de comida”.
Un día, frente a una carnicería, aseguró que vio “un perro peleando con un señor por un hueso”. Eso motivo al joven párroco a darle de comer a los hambrientos, incluso olvidar las penitencias de la cuaresma, en uno de los barrios más pobres y violentos del país.
El párroco –con ayuda de vecinos y comerciantes– reparte un plato de comida cinco días a la semana a cerca de 150 personas, en su mayoría niños y ancianos.
A Corniel le preocupa principalmente que la inseguridad alimentaria tenga un impacto permanente en esa generación que sufre hambre a temprana edad.
“El grupo más vulnerable son los niños”, lo que puede desembocar en muchos problemas como bajo rendimiento académico, desnutrición, problemas de crecimiento y en su futura reproducción, acotó.
El estudio de PMA fue realizado excepcionalmente a invitación del gobierno de Venezuela.
La administración del presidente Nicolás Maduro se ha mostrado mayormente renuente en los últimos años a invitar a las organizaciones internacionales a evaluar la situación humanitaria en su país. El PMA aseguró que se le brindó “completa independencia” y recabó los datos en el país “sin ningún tipo” de restricciones.
El organismo de Naciones Unidas “espera continuar su diálogo con el gobierno venezolano y proseguir conversaciones que se enfocarán en el camino a seguir para brindar asistencia a aquellos en inseguridad alimentaria”, indicó en un comunicado.
El gobierno de Maduro no ha hecho declaraciones sobre los resultados del estudio.
El problema parece centrarse más en la dificultad para obtener alimentos que en su disponibilidad. Siete de cada diez personas reportaron que siempre es posible localizarlos, pero indicaron que es complicado adquirirlos debido a los altos precios. Un 37% reportó que han perdido su trabajo o su negocio debido a la severa contracción económica de Venezuela.
El país ha estado sumido en una crisis política y humanitaria que ha obligado a más de 4,5 millones de personas a irse en los últimos años. Maduro ha logrado sostenerse en el poder y mantener el respaldo de los militares a pesar de los intentos del líder opositor Juan Guaidó por derrocarlo y de las crecientes sanciones de Estados Unidos.
Maduro repetidamente culpa al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de la situación en su país y su gobierno ha instado a la Corte Internacional de Justicia a iniciar una investigación argumentando que las sanciones financieras están provocando sufrimiento e incluso la muerte. Sin embargo, los problemas del país para alimentar a sus ciudadanos y brindar atención médica anteceden a las sanciones de Washington.
“La realidad venezolana cambia cada mes”, dijo Carolina Fernández, una activista venezolana por los derechos humanos que trabaja con mujeres vulnerables.
“La inseguridad alimentaria ahora es peor, en parte por la dolarización de la economía”, aseveró Fernández, destacando que el estudio se realizó en el tercer trimestre del año pasado, cuando la venta de productos cotizados en dólares no estaba tan extendida.
El sondeo reveló que el 74% de las familias han cambiado sus hábitos alimenticios para hacer frente al problema, que incluye reducir la variedad y calidad de la comida que consumen. El 60% de las familias reportaron haber reducido sus porciones, el 33% indicó que han aceptado alimento en pago a su trabajo y el 20% reportó haber vendido bienes familiares para cubrir sus necesidades básicas.
“Estamos hablando de clase media, media baja y clase baja, todos han tenido que cambiar sus hábitos”, añadió la activista, acotando que los frecuentes apagones y la interrupción en el suministro de gas y agua también ha forzado el cambio en los hábitos alimenticios.
El sondeo también examinó las interrupciones a los servicios de luz y agua, encontrando que cuatro de cada diez familias sufren cortes diarios en el servicio eléctrico. Igualmente, el 40% reportó interrupciones recurrentes en el abasto de agua, lo que complica aún más la vida diaria.
