BY SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Congreso de la República de Guatemala, dirigido por el oficialismo, desconoció al partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo y declaró a los diputados de su bancada como independientes, en un movimiento más contra la organización política e enfrenta una investigación judicial y varios intentos de suspender su personalidad jurídica por órganos del Estado.
La decisión del Congreso, que limita la posibilidad de los legisladores de Semilla de ocupar cargos parlamentarios de peso, llega luego de una notificación de la fiscalía acerca del proceso penal contra el partido por presuntas anomalías en la recolección de firmas para su creación.
En las recientes elecciones, el partido logró 23 asientos lo que los coloca como la tercera fuerza más importante en el Congreso.
En conferencia de prensa la tarde del miércoles el partido rechazó la decisión del Congreso y dijo que pedirán un amparo para proteger a la organización política de esa decisión. Además, presentarán una denuncia contra la Junta Directiva del Congreso.
“En los últimos días hemos sido testigos de una articulación sistemática de acciones orientadas a la desaparición del partido Movimiento Semilla y, a su vez, a anular el respaldo del pueblo de Guatemala en las urnas que expresó un retundo ‘no’ a la corrupción”, dijo el diputado Samuel Pérez.
El legislador declaró que cuatro instituciones de Estado estaban tras un complot contra el partido: “El Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Registrador de Ciudadanos del Tribunal y la Junta Directiva del Congreso”. Y cuestionó que sus fundamentos son “totalmente arbitrarios, ilegales y ridículos”.
Román Castellanos, diputado al Congreso, confirmó el miércoles a The Associated Press la disposición del Congreso y consideró que se les desconoció de forma arbitraria.
“No nos han notificado por escrito, lo hicieron verbal en la sesión. La consecuencia que tiene es que no podemos presidir comisiones, ni participar en jefaturas de bloque, perdemos la presidencia de la comisión que teníamos, que es la Comisión de Integración Regional y era presidida por la diputada de Semilla Ligia Hernández”, dijo Castellanos.
Andrea Reyes, diputada electa para el próximo período 2024-2028, cuestionó que la decisión del Congreso afectaba y limitaba los derechos de los nuevos diputados sin haber tomado posesión del cargo.
El fiscal Rafael Curruchiche envió un oficio al Legislativo, sin ser requerido, trasladando la orden del juez Fredy Orellana que suspendió al partido por la investigación que tiene a su cargo. La decisión de Orellana aún no está firme pues se apela en las cortes.
Curruchiche fue sancionado por Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país; el juez Orellana también fue sancionado por abuso de la ley con fines políticos.
En la primera sesión ordinaria del Congreso, que se realiza luego de un receso de dos meses, se conoció la carta enviada por Curruchiche, y tras un análisis jurídico el Congreso, encabezado por la diputada oficialista Shirley Rivera, dijo que en adelante los legisladores de Semilla eran independientes, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Rivera ha actuado de forma distinta frente a la situación de otro partido político que también integra el Congreso, pero que ha sido aliado del oficialismo. Se trata del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral en 2021 y dejado en firme hace unos meses.
Sus legisladores no fueron declarados independientes y aún presiden comisiones e integran la instancia de jefes de bloques donde se discuten y consensúan los temas a tratar en el Legislativo.
El partido UCN es recordado por haber sido fundado por Mario Estrada un político guatemalteco que guarda prisión en Estados Unidos por haber lavado dinero del narcotráfico para financiar a su partido político.
La exfiscal general Thelma Aldana y el exfiscal anti impunidad Juan Francisco Sandoval —ambos están en el exilio— hicieron público que había planes para matarlos y señalaron a Estrada, aunque nunca prosperó una investigación contra él.
El partido Unidad Nacional de la Esperanza(UNE), de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió contra Arévalo, pidió el miércoles la nulidad del acuerdo que oficializó la victoria del presidente electo. Alegaron que una firma no corresponde a la vocalía del magistrado Ranulfo Rojas, quién participó de la conferencia en la que se anunció al ganador de las elecciones.
