SANTO DOMINGO.- Tras una exhausta revisión a la solicitud de medidas de coerción de la Operación Calamar depositada por el Ministerio Público, Participación Ciudadana cuestiona la responsabilidad de entidades bancarias, de la Junta Central Electoral y de otras instituciones del Estado que figuran en expediente del presunto entramado de corrupción administrativa.
Indica que en el expediente acusatorio faltan las entidades financieras donde se aperturaban las cuentas a las empresas que recibían los pagos oficiales, dinero que luego era extraído en efectivo sin que se generara alguna señal de alerta.
Al insistir que debe investigarse a profundidad a todo el personal que de alguna manera manejaba esas cuentas, el movimiento cívico no partidista, expone en el documento que el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, debió figurar en el expediente tras destacar que era quien delegaba las operaciones al excontralor del Banco, Andrés Guerrero.
Cuestiona también el compromiso de la Junta Central Electoral de verificar el cumplimiento de los partidos y candidatos con los límites y topes, sobre los gastos de campaña establecidos en la ley.
Según el informe con los extractos que consideran más relevantes de la solicitud de medidas de coerción, Participación Ciudadana entiende que hay oportunidad de mejoras, por lo que espera que esta nueva administración tome en cuenta lo sucedido, a fin de corregir los fallos.
