Santo Domingo.-El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, lamentó las declaraciones del Consejo del Poder Judicial, que no respondieron ni aclararon con pruebas las denuncias que hemos sustentado de corrupción e irregularidades a lo interno del sistema de justicia, sino que acudieron a la mentira e infamia jugando con la inteligencia de los medios de comunicación y de la sociedad.
Miguel Surún Hernández, dijo que es mentira que exista una campaña de descredito, contra el alto órgano judicial ya que el descalabro y caos imperante en la Justicia, no solo ha sido confirmado por los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino por once magistrados entre ellos uno del Tribunal Constitucional, y la propia Sentencia de Amparo del Tribunal Superior Administrativo”. Oh estos jueces son parte de la campaña de descredito?, preguntó.
Afirmó que el Consejo del Poder Judicial no respeta la Ley de Carrera Judicial, ni la independencia Judicial y prueba de eso es la creación de doce “Jueces Coordinadores” cargo que no existe en el escalafón judicial y usurpan las funciones de más de 30 presidentes de Cortes.
En tal sentido, reiteró que a los jueces se les ha despojado de sus funciones, para iniciar con la eliminación de la especialidad jurisdiccional obligando a jueces de distintas materias a conocer todos los procesos, lo que en el Departamento Judicial de la Vega generó la renuncia de la juez Odri Reyes Núñez. A esto se le agrega la creación del Gabinete Técnico del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con un gerente por cada sala para mejorar los fallos, con poder para distribuir los procesos.
El CARD resaltó que lo revelado este fin de semana por el Consejo del Poder Judicial, confirma su denuncia de que VIAFIRMA (AVANSIS, SRL), fue contratada grado a grado, pues ellos hablan de la existencia de una supuesta “licitación internacional” para elegir la empresa, entidad que de conformidad con el acta de adjudicación del 23 de abril del 2020 fue elegida por ser proveedor único. “¿Cóm
Cómo se atreven a negar, la grotesca prevaricación que implica el nombramiento de asociados de Luis Henry Molina?, los cuales, dijo a los periodistas “han venido siguiéndolo en sus cargos desde el Ministerio de la Presidencia, CEI-RD, INDOTEL Y PODER JUDICIAL, tal y como lo atestiguan las nominas, donde figuran desde el 2015 Virginia Ibarra, Mario Roberto Garay, Luis Manuel Pérez, Moisés Jaques y Ángel Brito; ganando 3 y 4 veces más que los jueces”; explicó el gremialista.
OTROS CASOS:
Citó también, el caso de Ángel Brito, Director Administrativo del Poder Judicial, mediante un supuesto concurso, a pesar de no poseer formación académica administrativa, pero lo más grave es que entra como asesor el mismo día de la toma de posesión de Molina Núñez.
El CARD calificó de indignante lo relativo al tema del Fondo de Pensiones, donde se intenta justificar la transferencia irregular, sin licitación, mas de mil millones de los servidores judiciales, en franca violación al reglamento aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para beneficiar a un corredor de seguros de reciente nombramiento del presidente de la Suprema.
“Pero el Consejo del Poder Judicial tampoco se refirió a la supuesta deuda de la Jurisdicción Inmobiliaria con el Poder Judicial, sobre la base de supuestos aportes realizados por ese último a dicha jurisdicción desde el 2008, al 2019, todo con el objetivo de legitimar el desvío fraudulento de RD$760,000,000.00, generado por cobro de las tasas de la Jurisdicción Inmobiliaria”; puntualizó el presidente del gremio.
Al mismo tiempo, Miguel Surun mostró preocupación porque el Consejo del Poder Judicial, no explicó el fraudulento Consejo Directivo de la Jurisdicción Inmobiliaria creado mediante la modificación del reglamento interno, que otorga el control total a Luis Henry Molina del manejo de los fondos de dicha jurisdicción, que ascienden a RD$2,700,000,000.00 anuales.
Finalmente, el presidente del CARD, reprobó el que el Consejo del poder judicial “no se haya referido al pago de 434 millones de pesos en favor del PNUD equivalente al 6% de su presupuesto anual contratada para asesoría de grado a grado.
