Desde la despenalización del aborto hasta la decriminalización de la marihuana o del matrimonio homosexual, la Suprema Corte está jugando un papel clave en la sociedad mexicana
Por Alejandro Fernández. Ciudad de México
Quizá esta no sea todavía la Cuarta Transformación histórica que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es un hecho que México atraviesa una. Este mes, uno de los países más católicos del mundo avanzó hacia la despenalización del aborto a nivel nacional. Antes, hizo algo similar con el consumo recreativo de marihuana. Ambos temas siguen siendo siguen siendo polémicos entre la población mexicana; ambos se aprobaron primero en el oasis progresista de la Ciudad de México y, más importante, ambos han sido resueltos por controversias constitucionales impulsadas desde la sociedad civil y resueltas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aunque López Obrador llegó al poder en 2018 acompañado de políticos progresistas, se ha resistido a pronunciarse abiertamente sobre el aborto y el consumo de la marihuana. En su Gobierno, los temas han avanzado con cautela. Este año, el Ejecutivo integró por primera vez la seguridad del aborto como objetivo prioritario. Las entidades de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, con mayorías legislativas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) despenalizaron el aborto, y —aunque activistas le critican su enfoque punitivista— en el Senado avanzó un dictamen para legalizar la marihuana. Pero en la Suprema Corte, la agenda es más clara.
“La Corte tiene muy buenas sentencias en materia de familia y perspectiva de género, en materia de paridad de género electoral, identidad de género, libre desarrollo de la personalidad…”, enumera Ana Micaela Alterio, profesora de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, al calificar a la Corte como liberal y progresista. “Lleva muchos años con esta tendencia”.
Pero especialistas difieren sobre si estas decisiones se deben a la ideología de la Corte —y especialmente de su presidente, Arturo Zaldívar, cercano a AMLO—, o si se trata de un cambio amplio en las nuevas generaciones de abogados, tanto activistas como asesores de los magistrados. También destacan que la Corte tiene temas pendientes sobre militarización que traicionan esta visión de derechos humanos. Lo que es un hecho es que estas conquistas progresistas han empezado en litigios que empujó la sociedad civil y terminaron con resoluciones históricas.
Marea verde
El 7 de septiembre, la Corte Suprema tomó dos decisiones imporantes sobre el derecho al aborto. En el primer caso, la Corte votó por unanimidad —diez de los once ministros presentes— para declarar inconstitucional un fragmento del Código Penal del estado de Coahuila que penaliza el aborto. “Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y de todas las personas gestantes”, celebró Zaldívar. Dos días después, otra resolución sobre la Constitución estatal de Sinaloa declaró inconstitucional proteger el “derecho a la vida desde la concepción”, al considerar que las entidades no tienen la facultad para determinar en qué momento un feto se convierte en persona.
El caso fue calificado por algunos medios internacionales como “el Roe v. Wade mexicano”, en referencia a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite el aborto en ese país. Pero, tan solo cinco días antes, del otro lado del Río Bravo la Corte estadounidense había dejado proceder la ley SB8 en Texas, la mayor restricción al derecho al aborto en Estados Unidos en décadas.
“En un momento en el que en muchas regiones del mundo, desde Texas hasta Afganistán, se producen retrocesos alarmantes para los derechos de las mujeres, la Suprema Corte de México envía un mensaje decisivo sobre el papel central de los derechos de la mujer en la regulación del aborto”, celebró, por su parte Human Rights Watch a través de Ximena Casas, investigadora sobre derechos de la mujer.
Las decisiones de la SCJN implican, por lo pronto, que los dos estados deberán reformar sus leyes y que se «destierra la amenaza de la sanción penal», explicó Cecilia Rodríguez, portavoz del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una ONG que defiende derechos reproductivos. Aunque de momento las resoluciones no impiden que una persona pudiese ser denunciada, sí generan un precedente que debe ser atendido por cualquier juez o jueza del país cuando una persona que realizó un aborto electivo enfrente un proceso. Además, sientan pautas para que el resto de las entidades retiren la penalización del aborto y quita el peso jurídico a las 20 entidades en el país que protegen el «derecho a la vida».
«Para que esto se eliminara de manera efectiva esto necesitaría un proceso legislativo de despenalizar el aborto», abunda Rodríguez. «No es que esto signifique que de manera automática ya no sea un delito el aborto, ni que se pueda garantizar ya el acceso, pero sí da un paso adelante muy imporante».
Las decisiones de la SCJN implican, por lo pronto, que los dos estados deberán reformar sus leyes. También generan un precedente que debe ser atendido por cualquier juez o jueza del país cuando una persona que realizó un aborto electivo enfrente un proceso penal. Además, sientan pautas para que el resto de las entidades retiren la penalización del aborto. Rebeca Ramos, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las ONG feministas más prominentes en México, celebró en un mensaje la lucha de activistas hacia “un país en donde la posibilidad de que cada quien elija su futuro reproductivo deje de ser un sueño. Aún no lo logramos”, remarcó, “pero hoy definitivamente se dio un paso enorme”.
No es la primera vez que una decisión de la SCJN es calificada así: “un paso”. Ocurrió cuando, en 2015, la Corte consideró inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta la fecha no está legalizado a nivel nacional y para garantizar un matrimonio igualitario en el país es necesario ampararse ante un juez. Y en abril pasado, tras darle varios plazos infructuosos al Congreso para que despenalice la marihuana, la Corte declaró inconstitucional prohibir su uso lúdico. Con ello, el derecho está en un limbo para el que aún es necesario adquirir un permiso especial.
“Obviamente la Corte no puede, en soledad y desde su posición institucional, realizar los cambios estructurales que requiere un país”, advierte la doctora Alterio. “Lo que sí ha hecho de forma incuestionable es enviar un mensaje pro derechos que repercute tanto en la cultura de los derechos como en el discurso político. Ojalá esto permee en las esferas que debe permear”. Pero, como se han dado cuenta los activistas mexicanos, esto no ha sido fácil.
La marihuana, en espera
“Siempre habíamos trabajado con los legisladores y con el poder ejecutivo, por muchos años”, cuenta Frida Ibarra, abogada en la ONG México Unido Conta la Delincuencia (MUCD). “Pero nos dimos cuenta que era muy sencillo que se desdibujaran los acuerdos ganados”. La legalización de la marihuana es una agenda que ha impulsado esta organización, interesada en el impacto que la prohibición tiene en la violencia del país y en la criminalización de consumidores y cultivadores. Pero tras ver cómo el avance de su cabildeo dependía de los vientos políticos, optaron por promover un litigio que llegaría a ser resuelto a su favor por la SCJN.
“Con el poder judicial sentimos que hay una mayor claridad de cuál es el deber de los jueces que, al final, sí es acatar el orden constitucional”. Ibarra comenta que notaron “una actitud mucho más progresista y mucho más abierta a decidir con base a los derechos humanos” tras una serie de casos que había resuelto la SCJN en temas de identidad de género y matrimonio igualitario. “La integración de la corte daba bastantes posibilidades de éxito”, resalta.
La despenalización del consumo recreativo de la marihuana fue alcanzada en México con la llamada jurisprudencia de reiteración: se necesitaban cinco decisiones similares de la Corte, que ocurrieron a lo largo de tres años, para que el resto de los jueces en el país tuvieran que ceñirse a su ejemplo. Pero, para tramitar un documento personal que avalara su consumo, seguía siendo necesario presentar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que sería negado, y solicitar un amparo. Según los cálculos de MUCD, unas 2 mil 500 personas en el país lo hicieron.
José Luis Martínez fue una de las primeras. Su proceso tardó cerca de año y medio, y fue acompañado por un grupo de abogados que trabajó pro bono y una organización que sólo había promovido amparos para consumo medicinal. “Necesitaban a alguien que fuera el conejillo de indias para hacerlo con fines recreativos”, cuenta. Ahora el proceso es mucho más sencillo y no requiere de la intervención de un litigio, luego de que la Corte emitiera la declaratoria de inconstitucionalidad en abril de este año. Pero hasta que la regulación de la marihuana se desatore en el Congreso, el permiso ante Cofepris sigue siendo la vía para hacer valer este derecho.
«Trato de hacerlo discreto, pues además de la policía hay poderes fácticos más culeros».
Amparado con el permiso, José Luis ahora tiene un pequeño cultivo dentro de un cuarto con luces intensas para su consumo personal. Algunos de los límites que le impone su permiso son no fumar frente a menores o embarazadas, no venderla y no regalarla. “Nunca nadie ha venido a revisar que todo esté en orden con él”, cuenta. “Me ha tocado mover plantas de un lugar a otro y ahí sí me llevo mi amparo en la mano”. Aún así, nunca ha necesitado blandirlo frente a un policía. “Trato de hacerlo discreto, pues además de la policía hay poderes fácticos más culeros (peores)”. A estos “poderes”, ver a una persona transportando plantas de marihuana no les caería en gracia, con o sin amparo. Lo confundirían con una posible competencia. José Luis no necesita agregar que se refiere al narcotráfico.
La militarización, un punto de quiebre
Desde que el presidente derechista Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narco” en 2006, la militarización de la vida pública ha sido el día a día de México. Con la llegada de Morena, partido que en campaña se opuso a la presencia militar en las calles, esta participación del Ejército, lejos de disminuir, ha aumentado. El Gobierno ha encomendado al Ejército la construcción de infraestructura clave, le ha dado control de las aduanas y publicó un acuerdo en el que le permite formalmente su labor en las tareas de seguridad pública.
A decir de Alejandro Madrazo Lajous, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas que ha dado seguimiento a las decisiones de la Corte en las últimas dos décadas, este sería el gran reto que tendría que demostrar si la SCJN es realmente progresista.
“Estamos viendo una batería de fallos progresistas en ciertas agendas que han sido trabajadas a lo largo de mucho tiempo y eso son buenas noticias. De ahí a calificar a la Corte como progresista todavía falta un trecho”, considera. “La vara para medir si realmente es un cambio de la Suprema Corte o si es un cambio en ciertas agendas específicas acotadas, va a ser cuando la Suprema Corte entre a resolver el problema constitucional más grave que tiene México hoy en día, que es la militarización de su Gobierno civil”.
Como ejemplo de estos casos no resueltos está la impugnación del acuerdo publicado en mayo de 2020 que da facultades de seguridad pública al Ejército, una controversia constitucional que, según Madrazo, ya debería estar resuelta. Pero, alerta, la cercanía de Zaldívar con López Obrador puede estar dilatando este proceso por temas políticos.
Madrazo adjudica la consolidación de las agendas a una transformación que inicia a principios de este siglo en las principales escuelas de derecho. Esta “sacudida en la academia jurídica”, menciona, tendría sus raíces en un interés por las doctrinas comparativas y la revisión de las prácticas legales en otros países. Esto, afirma, ha permeado en ambos bandos: tanto en los asesores y secretarios proyectistas que trabajan con los ministros, como en los litigantes que desde las organizaciones no gubernamentales que han llevado estos casos hasta el pleno. Son, insiste, buenas noticias.
“Espero estar hablando de un periodo incipiente en la Suprema Corte mexicana en la cuál la agenda progresista tenga mucho mayor espacio”, señala. “Pero no quiero echar las campanas al vuelo”.
Fuente: El Confidencial
