Hig\u00fcey, La Altagracia, RD.- El consejo de defensa de la Familia Fuller solicit\u00f3 la inhibici\u00f3n de la magistrada Sindy E. Rosario Santana en el caso que se conoce por presunta estafa y abuso de confianza.<\/p>\n\n\n\n
De igual forma, los abogados \u00c1ngel Rafael Santana Tejada, Juan Mar\u00eda Cordones, Glenni Ysabel N\u00fa\u00f1ez y Ernan Santana, tras conocer una audiencia en materia de referimiento por ante la C\u00e1mara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, presidida por la magistrada pidieron la suspensi\u00f3n de una nueva audiencia de prueba y fondos.<\/p>\n\n\n\n
Acusaron a la magistrada de evidenciar imparcialidad en el proceso contra la viuda del fallecido empresario Merle Wayne Fuller.<\/p>\n\n\n\n
La solicitud la depositaron el pasado 19 del corriente mes, ante la Inspector\u00eda del Consejo del Poder Judicial, as\u00ed como una recusaci\u00f3n depositada el 20 ante la C\u00e1mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaci\u00f3n Penal de San Pedro de Macor\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El grupo de juristas fundamenta la querella en la sospecha leg\u00edtima de prevaricaci\u00f3n, violaci\u00f3n al principio de imparcialidad y credibilidad.
Tambi\u00e9n la vulneraci\u00f3n a derechos constitucionalmente protegidos c\u00f3mo el debido proceso y la tutela judicial efectiva.<\/p>\n\n\n\n
Esto as\u00ed, por considerar que la magistrada Sindy E. Rosario Santana durante el proceso ha mostrado una marcada parcialidad en favor de los acusados Mar\u00eda Elvira Ram\u00edrez Concepci\u00f3n, Rosario Ram\u00edrez Concepci\u00f3n y Sean Wayne Fuller Ram\u00edrez.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa magistrada favorece a los imputados con decisiones tomadas con ligereza, distorsionando los hechos y el derecho en cada una de sus decisiones, haci\u00e9ndose de la vista gorda a las denuncias presentadas en audiencias anteriores sobre la falta de calidad y capacidad de los demandantes para representar el Clusters Societario del Grupo Dominicus Americanus\u201d, expresa el documento firmado por los abogados.<\/p>\n\n\n\n
Recuerdan los propietarios y socios de dichas empresas le tienen diferentes oposiciones para evitar la distracci\u00f3n y sustracci\u00f3n de sus bienes. Sin embargo, agregan que, la magistrada Rosario Santana se ha dado la tarea de levantar sin valorar las pruebas que la defensa de la familia Fuller ha puesto a su disposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los representantes de la familia Fuller se quejan de que a pesar de dicha solicitud, en la audiencia del pasado lunes 23 de este mes, la magistrada Sindy E. Rosario Santana continu\u00f3 con el conocimiento de la audiencia ordenando una comunicaci\u00f3n de documentos y fijando una pr\u00f3xima audiencia de prueba y fondo para los d\u00edas 07 y 14 de octubre 2024.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, destacan que la jurisdicci\u00f3n de La Altagracia se encuentra apoderada en materia penal de varios procesos por abus\u00f3 de bienes societarios, administraci\u00f3n desleal, uso indebido de fondos y venta de los activos de la familia Fuller.<\/p>\n\n\n\n
La acusaci\u00f3n es contra de la gerencia y administradores de dicho cl\u00faster en la cabeza de las se\u00f1oras Mar\u00eda Elvira Ram\u00edrez Concepci\u00f3n (Mar\u00eda Fuller o Arelis Fuller) Rosario Ram\u00edrez Concepci\u00f3n (Charo) c\u00f3mo autoras principales entre otros administradores. Todos acusados de violar varios art\u00edculos de la Ley 479-08, Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y la Ley Penal.<\/p>\n\n\n\n
El grupo de abogados recuerdan que, tambi\u00e9n la fiscal\u00eda de esta demarcaci\u00f3n lleva una investigaci\u00f3n por los delitos de abus\u00f3 de confianza cometido por la imputada Mar\u00eda Elvira Ram\u00edrez Concepci\u00f3n (Mar\u00eda Fuller o Arelis Fuller) en contra de la familia Fuller.<\/p>\n\n\n\n
Ponen en contexto que con la muerte de su difunto esposo Merle Wayne Fuller se abrog\u00f3 una falsa calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, con la finalidad de quedarse con su patrimonio con quien previamente contrajo matrimonio bajo el r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes previo acuerdo prenupcial celebrado en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, los abogados sostienen que dicho proceso se encuentra conociendo una solicitud de imposici\u00f3n de medida de coerci\u00f3n fijada para el d\u00eda 11 de noviembre 2024.<\/p>\n\n\n\n
Dichos procesos se encuentran sustentados con m\u00e1s de 47 testigos y de 900 pruebas documentales, entre las que se destacan actos de ventas, facturas, recibos de pagos de compradores de terrenos, copias de dep\u00f3sitos en las cuentas de las imputadas, estados financieros y documentos societarios que evidencia el fraude durante 12 contra la familia Fuller.<\/p>\n\n\n\n
Los juristas consideran alarmante que un caso de esta magnitud, que afecta directamente los derechos y el patrimonio de una familia que pilar en el desarrollo econ\u00f3mico y tur\u00edstico de la zona Este de la Rep\u00fablica Dominicana, est\u00e9 siendo tratado con tal desd\u00e9n y desprotecci\u00f3n por parte del sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n
Ponderan que el sistema judicial con el accionar que evidencia la magistrada Rosario Santana le falla a una familia que por m\u00e1s de cinco d\u00e9cadas ha sido parte esencial en la consolidaci\u00f3n del turismo en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Agregan que el proceso no solo pone en juego el legado de una familia, sino que tambi\u00e9n sienta un peligroso precedente para todos aquellos que han confiado en la estabilidad y seguridad jur\u00eddica del pa\u00eds para realizar inversiones a largo plazo.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, afirman que la falta de imparcialidad y transparencia en este caso no solo atenta contra la integridad del sistema judicial, sino que podr\u00eda desincentivar a otros empresarios e inversores que ven en la Rep\u00fablica Dominicana como un destino atractivo y seguro para sus proyectos.<\/p>\n\n\n\n
Aseguran que con su manejo irregular en el caso la magistrada Sindy E. Rosario Santana, no solo erosiona la confianza de la familia Fuller en el sistema judicial, sino que genera una creciente preocupaci\u00f3n en la comunidad empresarial del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En tal sentido, claman porque las instituciones act\u00faen con diligencia, rectitud y transparencia para restaurar la confianza en el sistema y proteger los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de su estatus.<\/p>\n\n\n\n
Llaman la atenci\u00f3n de que la familia Fuller no solo busca resolver su situaci\u00f3n patrimonial, sino demostrar que se puede confiar en la justicia dominicana y que cumple con su mandato de garantizar la legalidad, la equidad y la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, pilares esenciales para el desarrollo econ\u00f3mico y social del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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