La Suprema Corte de Justicia (SCJ) fall\u00f3 nuevamente en contra del Aeropuerto Internacional de B\u00e1varo (AIB) y dio la raz\u00f3n al Poder Ejecutivo que por v\u00eda del Instituto Dominicano de Aviaci\u00f3n Civil (IDAC) declar\u00f3 lesivo el proyecto por incumplir las normativas aeron\u00e1uticas y carecer de los permisos necesarios para operar.
Actuando como corte de casaci\u00f3n, la Tercera Sala de la SCJ rechaz\u00f3 un recurso interpuesto por el AIB y le declar\u00f3 inadmisibles otras dos acciones similares de las que tambi\u00e9n formaba parte el Grupo Abrisa, sombrilla empresarial de la empresa demandante.
De igual manera, la m\u00e1s alta instancia judicial consider\u00f3 fuera de \u201cla letra de la norma\u201d el decreto 270-20 que aprobaba el AIB y ordenaba un contrato entre el Estado dominicano y esa empresa. Ese decreto fue derogado por el presidente Luis Abinader a ra\u00edz de una decisi\u00f3n anterior de la SCJ que lo declaraba ilegal.
Estas decisiones confirman sentencias del Tribunal Superior Administrativo que rechazaron la oposici\u00f3n del AIB a su prohibici\u00f3n de hecho.
La sentencia recoge una serie de ponderaciones acordes con el procedimiento y doctrinas jur\u00eddicos y rebate punto por punto los argumentos de la parte recurrente. El juez ponente de la sentencia, aprobada por la mayor\u00eda, fue el presidente de la sala, Manuel A. Read Ortiz.
La Tercera Sala, competente para conocer y fallar los recursos de casaci\u00f3n que se interpongan por primera vez en materia de tierras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, acogi\u00f3 como correcta en derecho la decisi\u00f3n del TSA y la suplement\u00f3 con nuevos argumentos jur\u00eddicos ampar\u00e1ndose en \u201cla suplencia de motivos con fines de fortalecer una decisi\u00f3n en la cual su dispositivo puede ser mantenido\u201d.
En esta nueva decisi\u00f3n, la Suprema Corte de Justicia desautoriza impl\u00edcitamente el contrato suscrito entre el Estado dominicano y el AIB, ya que el decreto en que se ampara, dictado por el expresidente Danilo Medina, el 21 de julio de 2020, \u201c es una actuaci\u00f3n que no responde a la letra de la norma\u201d. Se entiende que un il\u00edcito nunca genera derechos.
\u201cEs decir\u201d, explica la sentencia, \u201csi bien impon\u00eda una aprobaci\u00f3n por parte del Poder Ejecutivo, esto es, un pronunciamiento que no es m\u00e1s que un visto bueno de que el establecimiento del aer\u00f3dromo conviene al inter\u00e9s general, lo cierto es que dicha aprobaci\u00f3n se produjo en circunstancias an\u00f3malas, por cuanto realiz\u00f3 una designaci\u00f3n directa de la entidad beneficiaria para la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de un aeropuerto, sin antes encontrarse precedida de la correspondiente solicitud de establecimiento de aeropuertos cuya tramitaci\u00f3n debi\u00f3 realizarse ante el Instituto Dominicano de Aviaci\u00f3n Civil (IDAC)\u201d.
En la continuaci\u00f3n de ese argumento, la SCJ estatuye que permisos similares para la construcci\u00f3n de instalaciones aeroportuarias deben agotar \u201cla correspondiente adjudicaci\u00f3n observando las exigencias de la norma vigente en materia de contrataciones p\u00fablicas\u2026comprendidas en la Ley n\u00fam. 340-06 General de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha 18 de agosto de 2006\u201d
Esa obligaci\u00f3n, se\u00f1ala la SCJ, es \u201cde conformidad con los principios constitucionales de publicidad, transparencia e igualdad que recoge el art\u00edculo 138 de la Carta Pol\u00edtica dominicana , as\u00ed como del articulo 44 de la Ley de Alianzas Publica Privadas de fecha 10 de febrero de 2020, que copiado literalmente reza de la manera siguiente: Dos o m\u00e1s agentes privados podr\u00e1n presentar una iniciativa y participar en El proceso competitivo de manera conjunta, organizados en la forma de un consorcio, conforme lo establecido en la convocatoria y en los pliegos de condiciones\u201d.
El magistrado Mois\u00e9s A. Ferrer Landr\u00f3n emiti\u00f3 un voto disidente en inconformidad con la decisi\u00f3n argumentado, entre otros puntos, que \u201cel acto administrativo que se impugna tiene efectos perjudiciales directos e inmediatos frente a los intereses del beneficiario del acto\u201d.
Tambi\u00e9n aduce Ferrer Ladr\u00f3n que \u201cal declarar lesivo de manera arbitraria su propia actuaci\u00f3n sin establecer un razonamiento justificativo de dicha decisi\u00f3n, la administraci\u00f3n actu\u00f3 de manera incongruente, pretendiendo con ello desconocer un derecho adquirido en base a la actuaci\u00f3n que hoy pretende ella misma desconocer\u201d.
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