El juicio por los sobornos pagados por Odebrecht comenzar\u00e1 de cero luego de que ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) creara un nuevo precedente al desapoderarse del expediente y lo dividiera para que a partir del a\u00f1o entrante la Sala Penal sea la que conozca el caso del senador Tommy Gal\u00e1n Grull\u00f3n y un Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el de los otros cinco imputados.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta Suprema Corte de Justicia en procura de garantizar los derechos fundamentales y garant\u00edas procesales de las partes, a partir de esta decisi\u00f3n abandona la jurisprudencia de aplicaci\u00f3n del denominado arrastre, restableciendo el derecho al juez natural y el respeto a la competencia excepcional de esta alta corte cuyo giro jurisprudencial obliga a este tribunal a establecer en su resoluci\u00f3n una carga motivacional superior que sustenta los fundamentos jur\u00eddicos que la llevaron a la variaci\u00f3n de la l\u00ednea jurisprudencial hoy abandonada\u201d, dijo el Pleno.<\/p>\n\n\n\n
Describi\u00f3 que pese a que ha sido una jurisprudencia firme y constante de que cuando en un hecho punible concurren un funcionario que debe ser juzgado en esa Alta Corte y otras personas que no ostentan la calidad de funcionario con privilegio de jurisdicci\u00f3n, los otros son arrastrados, existiera o no indivisibilidad o conexidad en los hechos, para garantizar el derecho que tiene todo ciudadano de ser juzgado por su juez natural env\u00eda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria a \u00c1ngel Rond\u00f3n Rijo, V\u00edctor D\u00edaz R\u00faa, Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda, Juan Roberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez y Conrado Pittaluga.<\/p>\n\n\n\n
Para eso tom\u00f3 como base la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, el C\u00f3digo Procesal Penal, as\u00ed como las normas supranacionales, a saber, Convenci\u00f3n Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, as\u00ed como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y pol\u00edticos, los cuales son de aplicaci\u00f3n directa en el derecho interno. Todas estas convenciones garantizan el derecho a apelar una sentencia condenatoria en materia penal.<\/p>\n\n\n\n
Al leer el dispositivo de la sentencia adoptada con el voto disidente de cinco magistrados, el tribunal dijo que ante la comprobaci\u00f3n incontestable del derecho a recurrir que tiene todo imputado en el derecho penal, se impone procurar ante todo, y sin excusa de oscuridad juris- diccional el ejercicio de esta garant\u00eda procesal y constitucional en materia penal, de asegurado previo al conocimiento del juicio.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon esta decisi\u00f3n, esta corte realiza una interpretaci\u00f3n progresiva de los derechos fundamentales y garant\u00edas procesales m\u00e1s acorde con la constituci\u00f3n, los tratados internacionales, las leyes nacionales y el estado de derecho vigente, sin alterar el objeto de la jurisdicci\u00f3n privilegiada limit\u00e1ndose a distribuir entre sus \u00f3rganos las labores penales no definidas claramente, conservando la competencia de SCJ por lo que en modo alguno esta decisi\u00f3n implica la creaci\u00f3n de nueva instancia, jurisdicci\u00f3n, competencia o recurso distintos a los ya establecidos en las normas ya citadas\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Con ese fallo se acogi\u00f3 el recurso de inconstitucionalidad del arrastre a la jurisdicci\u00f3n privilegiada de una persona que no es funcionario p\u00fablico interpuesto por la defensa de V\u00edctor D\u00edaz y la excepci\u00f3n de convencionalidad de Conrado Pittaluga al que se adhirieron Andr\u00e9s Bautista, Tommy Gal\u00e1n, \u00c1ngel Rond\u00f3n y Roberto Rodr\u00edguez. Este \u00faltimo solo en lo relativo a la convencionalidad ya que renunci\u00f3 al derecho de ser juzgado por su nuez natural.Ambig\u00fcedad de norma<\/p>\n\n\n\n
En procura de que al senador Gal\u00e1n o al Ministerio P\u00fablico se le preserve el derecho a recurrir la decisi\u00f3n que intervenga en el juicio penal que se celebrar\u00e1 en \u00fanica instancia, el tribunal tom\u00f3 como referencia el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica en la CorteIDH y los tratados internacionales, describiendo que estos instrumentos internacionales y las interpretaciones dadas por sus \u00f3rganos jurisdiccionales son normas supremas, no solamente como instrumento supranacionales, debidamente ratificados por el Estado dominicano, sino tambi\u00e9n porque est\u00e1n a tenor del art\u00edculo 1 del CPP, Ley 137-11 Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y las sentencias del TC TC0361-19.<\/p>\n\n\n\n
Dijo, adem\u00e1s, que del an\u00e1lisis de la Constituci\u00f3n, la ley de org\u00e1nica de la SCJ y CPP no queda claramente establecido cu\u00e1l formaci\u00f3n de la Suprema debe conocer en \u00fanica instancia de las causas penales seguidas a los altos funcionarios del Estado y que tal ambig\u00fcedad competencial impone la interpretaci\u00f3n de dichos textos, por ello considera que la sala penal es la natural para el juicio.<\/p>\n\n\n\n
Descart\u00f3 la renuncia de Roberto Rodr\u00edguez a su juez natural para permanecer en la Alta Corte en raz\u00f3n de que la competencia de la Suprema es excepcional, y reservada para los funcionarios limitadamente se\u00f1alados en el numeral 1 del art\u00edculo 154 de la Constituci\u00f3n, adem\u00e1s de que resulta un asunto de \u00edndole constitucional ajeno al arbitrio de las partes.<\/p>\n\n\n\n
De igual manera declar\u00f3 inadmisibles los recursos contra las decisiones sobre la recusaci\u00f3n a cinco magistrados, y rechaz\u00f3 anular todo el proceso por la incompetencia de la jurisdicci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl proceso no puede retrotraerse a etapas ya agotadas v\u00e1lidamente, por v\u00eda de consecuencia, los actos agitados fueron agotados con base al procedimiento instituidos y aplicable en estos casos, que cambia a partir del precedente instruido en esta resoluci\u00f3n\u201d, enfatiz\u00f3. El fallo \u00edntegro se leer\u00e1 el 28 de enero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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