La Fundaci\u00f3n Justicia y Transparencia (FJT), rechaz\u00f3 los aprestos de algunos sectores para privatizar los servicios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Telef\u00e9rico y Metro de Santo Domingo, adem\u00e1s del Instituto del C\u00e1ncer, todo ello bajo el alegato del renovado enfoque de tendencia neoliberal, fundamentado de manera err\u00f3nea en los objetivos de la reciente ley 47-20, que regula las alianzas p\u00fablico privadas.<\/p>\n\n\n\n
Trajano Potentini, presidente de la entidad, explic\u00f3 que ciertamente, la referida ley procura facilitar, que el sector privado se asocie con el Estado, para desarrollar grandes proyectos, como carreteras, empresas en el \u00e1rea tur\u00edsticas, entre otros tantos renglones, atrayendo inversi\u00f3n extranjera y fomentando la creaci\u00f3n de empleos, con inversiones y proyectos, donde se parte normalmente desde cero y a cargo de la inversi\u00f3n privada, nunca en temas tan sensibles como el servicio b\u00e1sico del transporte o la salud, m\u00e1s a\u00fan trat\u00e1ndose de infraestructuras, en las cuales el estado bajo el sacrificio del pueblo dominicano, ya las pago o estableci\u00f3 en su totalidad.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la FJT las alianzas p\u00fablicas privadas o APP, como se les denomina en la ley, resultan de mucho beneficio para el Estado y en general para la ciudadan\u00eda, donde se articula tradicionalmente un acuerdo entre sector p\u00fablico y privado, facilitando uno la inversi\u00f3n, y el Estado normalmente las facilidades en los casos que aplique, de expropiaci\u00f3n de terrenos, exenciones impositivas, entre otros, como aporte del estado para el nuevo proyecto a considerar.<\/p>\n\n\n\n
Potentini abog\u00f3 porque se mantenga \u00edntegro el esp\u00edritu y finalidad de la ley 47-20, la cual ojal\u00e1 no sea prostituida y se use, incluso para afectar la gobernabilidad democr\u00e1tica, como podr\u00eda suceder ante la barajada privatizaci\u00f3n de servicios y prestaciones, tan b\u00e1sicas e indispensables, para el pueblo, responsabilidades inherentes al Estado, en su rol constitucional, de garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de los dominicanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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