Santo Domingo.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que las provincias La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao figuran entre las provincias con mayor cantidad de extranjeros indocumentados detenidos (132), de un total de 829 aprehendidos durante operativos de interdicción migratoria simultáneos, realizados este miércoles 8 de abril a nivel nacional.
Asimismo, otras provincias con alta incidencia fueron Elías Piña, con 85; La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís con 64; Puerto Plata con 56; Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, con 53 y Independencia (Jimaní), con 49.
Del total de detenidos , 665 fueron interdictados por agentes de la DGM, mientras que 164 fueron remitidos por organismos de seguridad e instituciones de defensa del Estado: 116 por el Ejército, 27 por la Policía Nacional y 21 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa.
Los operativos de interdicción migratoria realizados en sectores de la capital, tuvieron lugar en San Carlos, Herrera y Villa Duarte. En La Vega, abarcaron zonas como La Zambrana y Fantino. En la provincia Hermanas Mirabal, se intervinieron Salcedo y Villa Tapia. En la región Este, específicamente en La Altagracia, las acciones incluyeron sectores como La Ceiba, Bávaro, Verón, Cabeza de Toro, Barrio Nuevo, Villa Playwood, El Ejecutivo, Machiplán, Uvero Alto y La Palma.
En Dajabón, los operativos se realizaron en Loma de Cabrera y Manuel Bueno, mientras que en Jimaní incluyeron El Bolo y Guayabal.
Un total de 842 extranjeros fueron deportados a través de los pasos fronterizos de Elías Piña (514), Dajabón (108), Jimaní (171) y Pedernales (49), tras cumplir con los procesos de verificación, registro y depuración establecidos por la ley.
El rápido desarrollo de la inteligencia artificial enfrenta a la humanidad a un enorme desafío que opera como una navaja de doble filo: mientras acelera exponencialmente la productividad de los recursos humanos, condena a una buena parte de los trabajadores a la obsolescencia laboral, sin un futuro social ni individual definido.
Encuestas de prestigiosas empresas especializadas revelan una creciente incertidumbre sobre el futuro de la fuerza de trabajo a escala mundial. Cerca del 40% de los trabajadores y encargados entrevistados piensan que sus oficios desaparecerán en menos de una década, siendo sustituidos por robots y por la inteligencia artificial.
Lo más llamativo es que ni los trabajadores mayores ni los jóvenes, visualizan su reinserción exitosa en el tren bala de la inteligencia artificial. Los primeros, porque no tienen la aptitud necesaria para adaptarse a tecnologías muy complejas, avanzadas y dinámicas y los segundos, porque piensan esencialmente que esta impronta tecnológica los excluye.
Esta aceleración tecnológica inevitable y aparentemente ilimitada en el espacio y el tiempo está generando grandes interrogantes en los partidos políticos y en las organizaciones sociales democráticas y progresistas. Y desde luego, también en los científicos, en la clase política, en los centros de estudios superiores.
Resulta evidente que estamos frente a un proceso de avance inevitable y socialmente necesario. Pero que, al mismo tiempo, sacudirá profundamente los cimientos sobre los cuales han descansado todos los sistemas de seguridad social en el mundo, cuestionando las modalidades tradicionales de financiamiento, tanto del reparto público como de la capitalización individual.
La historia de la humanidad demuestra que los avances tecnológicos concentran aún más el ingreso y la riqueza social, acentuando las desigualdades sociales. Pero al mismo tiempo, terminan generando las condiciones para alcanzar estadios superiores de productividad y desarrollo basados en una mayor participación social.
El razonamiento es muy simple, si la irrupción de la inteligencia artificial tiende a elevar y concentrar la riqueza social, y al mismo tiempo, a ampliar “el ejercito industrial de reserva”, cuál será su impacto en el equilibrio y la sostenibilidad de las políticas de protección social que los Estados de bienestar han mantenido durante más de medio siglo?
¿Cómo se financiarán las prestaciones sociales de miles de millones de trabajadores desplazados por la generalización de tecnologías esencialmente concentradoras de la riqueza social y ralentizadoras de las oportunidades laborales? ¿Cuáles serán las posibilidades de acceso seguro al cuidado de la salud en un sistema sanitario cada vez más complejo, costoso y excluyente?
Y más concretamente, ¿Cuál es el futuro de los sistemas previsionales ante una pirámide laboral con una base cada vez más estrechada debido a la transformación demográfica y a la revolución de la inteligencia artificial? ¿Cómo podrán sobrevivir y sostenerse los sistemas públicos de reparto, cuyo funcionamiento depende fundamentalmente de la afiliación de más trabajadores cotizantes?
La renta básica universal: ¿un derecho o un sueño irrealizable?
Ante estas interrogantes, grupos sociales proponen el reconocimiento deun nuevo derecho ciudadano en la era digital. Demandan otorgar una renta básica universal (RBU) para garantizar un ingreso mensual esencial a la población afectada por el impacto negativo en el empleo y en el ingreso, de las grandes transformaciones del siglo XXI. Pero ¿quién la pagará?
Sus favorecedores plantean una reforma fiscal progresiva sobre la renta de los grupos superiores. Impuestos ambientales al consumo del carbono, a la contaminación ambiental o a la explotación de los recursos no renovables. Impuestos a la productividad derivada de la automatización y del empleo de la IA, entre otros.
En cambio, los detractores alertan sobre su alto costo señalando que los aumentos impositivos necesarios serían tan considerables que reducirían la competitividad y estimularían un fuerte impacto inflacionario. Además, que desincentivarían la superación individual socavando la ética del trabajo.
Queda claro que la financiación de la renta básica universal (RBU) no es un problema técnico, sino una decisión política derivada del modelo de desarrollo económico y social. También, que el impacto de la IA en la Seguridad Social obligará a avanzar hacia la universalidad, a ampliar los esquemas de solidaridad social y a fortalecer las modalidades de financiación y de gestión. Este tema aún está virgen. ADS/631/09/04/2026.
Santo Domingo.– El dirigente político Manolo Pichardo, miembro de la Dirección Central y secretario de Asuntos Internacionales del partido Fuerza del Pueblo, afirmó que el reciente conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán debe entenderse más allá de la narrativa oficial, al sostener que responde a una lucha por la hegemonía económica y monetaria global.
Durante su participación en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez, por Teleimpacto, el dirigente consideró que “existe un consenso entre analistas internacionales en que Estados Unidos subestimó la capacidad de resistencia de Irán”, al tiempo que destacó el carácter histórico y estratégico de esa nación.
“Irán no es solo un país, es una civilización milenaria, con experiencia en conflictos y una cultura de defensa que ha sido puesta a prueba durante décadas”, expresó.
Pichardo sostuvo que Washington no previó el nivel de preparación iraní, asegurando que “Irán llevaba más de 20 o 30 años preparándose para un escenario como este”, en un contexto donde, a su juicio, la confrontación con Israel también forma parte de un objetivo geopolítico más amplio.
En ese sentido, afirmó que el interés principal de Estados Unidos no es el desarrollo nuclear iraní, sino la preservación de su dominio económico global. “La causa fundamental de esta intervención es que el petrodólar está en juego”, indicó.
Explicó que el modelo económico estadounidense depende en gran medida del dólar como moneda de reserva internacional. “Estados Unidos es una economía basada en servicios, fundamentalmente financieros. Mientras el resto del mundo produce bienes reales, ellos intercambian papeles por riqueza tangible”, dijo.
El dirigente agregó que ese esquema enfrenta una crisis progresiva, especialmente tras decisiones como la retención de activos rusos. “Muchos países comenzaron a desconfiar del sistema financiero internacional y a salir del dólar, comprando oro o utilizando otras monedas”, señaló.
En ese contexto, destacó el papel de economías emergentes agrupadas en los BRICS, indicando que “hoy representan cerca del 40% del PIB mundial, cuando en sus inicios apenas alcanzaban el 16%”.
Sobre la narrativa de que Irán buscaba desarrollar armas nucleares, Pichardo cuestionó lo que calificó como un “doble rasero”. “Estados Unidos tiene miles de ojivas nucleares y ha sido el único país en utilizarlas. Israel también posee armamento nuclear, pero no permite supervisión internacional”, afirmó.
Asimismo, consideró que las acciones militares podrían haber fortalecido sectores más radicales dentro de Irán. “Al eliminar a líderes moderados, se abre paso a posiciones que ahora sí impulsan el desarrollo nuclear como mecanismo de defensa”, advirtió.
El dirigente insistió en que el trasfondo del conflicto también incluye la disputa con China. “Se busca frenar el avance del petro-yuan y proyectos estratégicos como la Franja y la Ruta, donde Irán juega un papel clave”, explicó.
En términos económicos, alertó sobre las consecuencias globales de una escalada del conflicto. “Si esto se profundiza, podríamos entrar en un proceso recesivo de años”, afirmó, señalando el impacto directo en los precios del petróleo, el gas, los fertilizantes y otros insumos esenciales.
“El cierre de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz afectaría no solo la energía, sino también la cadena de suministro global, incluyendo alimentos y tecnología”, precisó.
Pichardo también se refirió a las tensiones internas en Estados Unidos, indicando que existe oposición tanto en sectores políticos como militares. “Hay líderes demócratas y republicanos, e incluso mandos militares, que han manifestado preocupación por las consecuencias de una escalada”, dijo.
En cuanto a las posibilidades de un acuerdo, valoró positivamente los recientes anuncios de un posible alto al fuego, aunque llamó a la cautela. “Hay que esperar la versión de ambas partes, porque en una guerra la primera víctima es la verdad”, expresó.
Subrayó además la desconfianza de Irán frente a los procesos de negociación. “Han ocurrido ataques en medio de conversaciones previas, lo que dificulta que vuelvan a sentarse en la mesa con confianza”, indicó.
Finalmente, Pichardo consideró que la presión internacional podría ser determinante para evitar una escalada mayor. “Hay actores globales como China, Rusia y países europeos que tienen intereses en evitar un conflicto de gran escala”, concluyó.
La empresa distribuidora de electricidad dio respuesta efectiva a una avería que afectó cuatro subestaciones, las cuales están incorporadas al sistema.
Como parte de un despliegue ágil y coordinado de sus equipos técnicos y brigadas, Edesur Dominicana logró dar respuesta y restablecer el servicio de energía eléctrica en más del 99.45% del suministro tras solucionar las averías generadas en su área de concesión por los torrenciales aguaceros de las últimas horas.
Las interrupciones del servicio eléctrico por causa del fenómeno atmosférico representaron un desafío significativo para la infraestructura eléctrica de la empresa, debido a que afectó al 34.56% de sus circuitos, con la salida del servicio de cuatro subestaciones que ya están operando con normalidad.
Un total de 304,011 clientes, equivalente a un 34% del total, se vieron afectados en el suministro eléctrico debido a interrupciones causadas por las precipitaciones.
Edesur logró restablecer durante una ardua labor todos los circuitos en las subestaciones Los Prados, Paraíso, kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa.
Como parte de la ejecución de su plan de contingencia, la empresa desplegó un agresivo operativo integrado por técnicos y brigadistas que asistieron las eventualidades presentadas, tanto en zonas urbanas y rurales en situación de inundación, bajo cumplimiento estricto de los protocolos establecidos.
En ese sentido, logró elevar el porcentaje de abastecimiento de 66.57% de los circuitos e ITCs averiados por las lluvias, hasta llevarlo a más de un a 99.45%: Edesur reafirma su inquebrantable compromiso el desarrollo de una labor que fortalezca la eficiencia y calidad del servicio de electricidad.
La DGII contempla que las empresas tienen como fecha límite legal hasta el 15 de mayo del año en curso para implementar sistema de facturación electrónica
Santo Domingo.- A pocas semanas de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la facturación electrónica para pequeñas y medianas empresas en República Dominicana, especialistas de Alegra.com, plataforma de facturación electrónica y contabilidad en la nube, señalan que el principal reto que enfrentan las empresas ya no es la adopción tecnológica, sino la preparación operativa para adaptarse a este nuevo esquema.
De acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las empresas tienen como límite legal hasta el 15 de mayo del año en curso para implementar la facturación electrónica. Aunque la conversación pública se ha centrado principalmente en fechas y requisitos técnicos, Carolina Felizzola Gerente de Alegra para República Dominicana, advirtió que muchas organizaciones aún subestiman los cambios internos que implica esta transición, especialmente en áreas administrativas, contables y de gestión financiera.
“La facturación electrónica no solo implica emitir un comprobante digital, sino también adaptar procesos internos, capacitar equipos y reorganizar la forma en que las empresas gestionan su facturación y control financiero”, explica Felizzola.
La Ley 32-23 establece el uso obligatorio de la factura electrónica en todo el territorio, con un calendario progresivo de implementación según el tipo de contribuyente. Una vez la empresa esté dentro del plazo obligatorio, solo puede usar papel en casos de contingencia definidas por la normativa.
Entre los requisitos del sistema requerido a nivel nacional está el cumplimiento con el calendario, la habilitación de la facturación electrónica ante la DGII, el uso de firma digital y el almacenamiento de estas por 10 años en formato electrónico, tal como lo indica el Código Tributario.
De acuerdo con un análisis de Alegra, uno de los principales desafíos identificados en pequeñas y medianas empresas es la adaptación de los flujos administrativos tradicionales a entornos digitales, lo que incluye desde la emisión y validación de facturas, hasta la conciliación contable y el seguimiento financiero.
La representante de Alegra señaló que muchas empresas todavía están en una etapa inicial de comprensión del impacto operativo de la medida, especialmente aquellas que han pospuesto la implementación.
Felizzola también comentó que “Muchas empresas aún están evaluando cómo la facturación electrónica impactará sus procesos internos, no solo desde el punto de vista tributario, sino también administrativo y financiero”,
Entre los principales retos que enfrentan actualmente las empresas destacan la adaptación de procesos administrativos tradicionales a entornos digitales, la capacitación del personal encargado de facturación y contabilidad, la integración de la facturación electrónica con la gestión financiera del negocio y la reorganización de flujos de aprobación y control interno.
Abril representa un periodo clave para que las empresas realicen una implementación gradual, permitiendo ajustes internos y una adopción más ordenada del nuevo esquema.
“La adopción anticipada permite a las empresas adaptarse con mayor tranquilidad, capacitar a sus equipos y optimizar sus procesos antes de que la facturación electrónica sea obligatoria”, agregan desde Alegra.
Más allá del cumplimiento normativo, también resalta que la facturación electrónica representa una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas modernicen su gestión administrativa, mejoren el control financiero y optimicen sus operaciones.
Sobre Alegra
Alegra el sistema de soluciones en la nube, especializado en contabilidad inteligente para la gestión de las pequeñas y medianas empresas. Su software integral brinda soluciones en contabilidad, facturación, punto de venta y nómina electrónica.
Con más de 1.5 millones de usuarios registrados en 2026, el éxito de la empresa radica en su adaptabilidad a la legislación tributaria de cada uno de los países donde opera; entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
El sistema permite cumplir con las exigencias de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica en el país, simplificando los procesos de emisión, envío y validación de las facturas electrónicas. A su vez, integra a la empresa directamente con la Oficina Virtual de la DGII (OFV), lo cual facilita la gestión de las facturas generadas.
Para más información, visita https://alegra.com/rdominicana/ y accede a todas las facilidades que ofrece la herramienta.
SANTIAGO RODRÍGUEZ.- Bajo investigación se encuentra un dominicano identificado como Víctor Alfonso Disla Féliz, quien fue sorprendido en el sector Cambelén, Sabaneta de esta provincia, cuando trasladaba a 7 nacionales haitianos a bordo una jeepeta marca Toyota Highlander, quienes intentaban quedarse en el país de manera irregular.
La Dirección General de Migración (DGM) informa que Disla Féliz, será sometido a la justicia, acusado de tráfico ilícito de indocumentados, al ser detenido en flagrante delito.
Los extranjeros en condición irregular, fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio en Santiago, para ser procesados con fines de deportación.
A propósito de este hecho, la institución reporta que en lo que va de año 2026, un total de 89 casos de personas dominicanas y extranjeras, han sido judicializadas por la comisión de acciones ilícitas como el tráfico de migrantes, porte y falsificación de documentos fraudulentos y suplantación de identidad, entre otros delitos.
De estos, sólo en el mes de marzo, se llevaron a la justicia a 33 por violar la Ley General de Migración 285-04, mediante debidos procesos que se ejecutan respetando la dignidad humana y sus derechos fundamentales, y que buscan garantizar la seguridad y defensa de la soberanía nacional.
Califica el contraperitaje como innecesario y jurídicamente improcedente en virtud de que las pruebas evidencian que los acusados tenían conocimientos directos de las fallas que estaba teniendo el techo e incluso el día del hecho la tragedia humana se pudo evitar si se tomaba la decisión de suspender la fiesta y evacuar 49 minutos antes del colapso, como lo evidencian los chats entre los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, fue enfática al declarar que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas, por lo que hará todo lo necesario para evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
Rechazo al contraperitaje por innecesario y absurdo La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba al Jet Set, debido a que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Sostuvo que, si realmente los acusados sienten la muerte de cientos de seres humanos y ven el caso Jet Set como una de las tragedias más dolorosa, si están compungidos y tienen respeto por la dignidad de las víctimas, como expresaron en un comunicado, entonces deberían evitar entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos. “Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Dijo que la solicitud de contraperitaje formulada por la defensa carece de utilidad procesal y pertinencia técnica, constituyendo una maniobra manifiestamente dilatoria que busca desviar la atención de la causa real del colapso del techo de la edificación.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica y pre-colapso que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, indicó.
Las víctimas también tienen derecho a un debido proceso La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino u
n derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal. Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
Compromiso con el debido proceso La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados. Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.
Dice defensa de Aurelio Valdez Alcántara pide aplazamiento de audiencia para retardar el proceso
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este martes que cualquier acto de corrupción del que el Ministerio Público tenga evidencias terminará en los tribunales, tras enfatizar que si ese mal se da en el sistema de justicia afecta la seguridad jurídica.
“La corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, y es así, porque eso además de afectar la seguridad jurídica, cuando hay corrupción en el sistema de justicia esto hace que el derecho sea soluble en dinero”, dijo. “Por eso, la actitud que ha asumido la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la que tenemos desde la Dirección de Persecución del Ministerio Público, es la de que no ocultaremos, no taparemos y no toleraremos ningún acto de corrupción”, señaló.
Camacho produjo sus declaraciones al ser entrevistado por periodistas a la salida de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza de la Instrucción Especial Ysis B. Muñiz Almonte, conoce la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de procurar soborno tras recibir, en una entrega controlada y autorizada, la suma de 10,000 dólares de una persona bajo investigación.
Sobre el caso, Camacho explicó que se trata de una investigación abierta y que el curso de la misma se irá dando a conocer en la medida de que se judicialice. “Hay que tomar en cuenta que lo que se realizó en este caso fue una entrega controlada que fue autorizada por una decisión de un tribunal”, dijo, al recordar que fue el propio Ministerio Público que la organizó como parte de su investigación penal, “para atrapar a una persona que estaba teniendo una conducta contraria a la ley”.
“Esta es una investigación abierta y nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de sobornos que se haya hecho en este proceso”, enfatizó. Asimismo, agregó: “vamos a seguir trabajando; ahora vamos a conocer la medida de coerción y la investigación va a continuar hasta que presentemos la acusación y, como siempre, en la acusación presentaremos todos los elementos de prueba que recabemos en la investigación”.
Con relación a la imputación del Ministerio Público contra el fiscal, dijo que este caso es de soborno. “Conforme a la propia teoría del caso, la entrega vigilada que ejecutamos en este caso, se trataba de un proceso en el que se solicitaba soborno para cambiar el curso de los procesos de investigación que estaban en manos del imputado y que fue arrestado como consecuencia de la realización de esta investigación”, detalló Camacho.
“Una investigación cuya inteligencia fue hecha dentro del Ministerio Público y la ejecución fue hecha dentro del Ministerio Público para cortar una inconducta que estaba sucediendo a lo interno del Ministerio Público”, indicó.
A solicitud de la defensa, la jueza Ysis Muñiz aplazó el conocimiento de la audiencia de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara para el próximo viernes 10 de abril del año 2026, a las 9:00 de la mañana.
El procurador adjunto Wilson Camacho puso de manifiesto su oposición a un nuevo aplazamiento y solicitó al tribunal rechazar el pedimento de los abogados defensores. “Han tenido tiempo suficiente para llevar a cabo sus diligencias, pero no lo hicieron para venir hoy a pedir aplazamiento y retrasar el proceso”, expresó. Junto al director general de Persecución del Ministerio Público estuvo la procuradora de corte Carmen Alardo.
El proceso La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población, una vez más, que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución.
La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles. “Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”.
“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción", dijo Yeni Berenice Reynoso luego de que se ejecutara el arresto del fiscal investigado.
Presidente Abinader dispone una serie de medidas para acudir en auxilio de familias afectadas por fuertes lluvias de las últimas horas en diferentes puntos del país
Director del COE exhorta a la población, en las zonas alertadas y en el resto del país, dar un estricto seguimiento a los informes del Indomet y a los lineamientos de los organismos de protección civil.
Alcaldesa del Distrito Nacional destaca rápida respuesta de las autoridades ante las incidencias provocadas por las lluvias.
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para acudir en auxilio de las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas este miércoles, al visitar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y conocer de primera mano los daños provocados por las inundaciones, que han impactado principalmente al Gran Santo Domingo y otras localidades del país.
El mandatario informó que desde tempranas horas de este miércoles el Gobierno ha activado una respuesta integral para mitigar los efectos de las lluvias, con especial atención en la protección de la vida humana.
“Desde la madrugada de este miércoles estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material”, expresó.
El mandatario explicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (DASAC), se están distribuyendo ayudas en alimentos, tanto alimentos calientes como alimentos crudos a las personas afectadas. «También vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a aquellas familias en estado vulnerable que han sufrido daños, especialmente en el Gran Santo Domingo”.
Asimismo, precisó que las zonas más impactadas han sido el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde se han registrado lluvias e inundaciones. “Estaremos atentos. El Gobierno está movilizado para atender cualquier situación que se presente”, aseguró.
En tanto, el director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, informó que se mantienen niveles de alerta en varias provincias del país debido a las lluvias registradas.
“El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta amarilla para Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En alerta verde continúan Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, en especial el Bajo Yuna, y La Vega”, indicó.
Explicó que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), las lluvias continuarán, aunque con menor frecuencia en el Gran Santo Domingo, desplazándose hacia la zona oeste del país, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.
En ese sentido, exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales. “Le pedimos a la población, en las zonas alertadas y en el resto del país, dar un estricto seguimiento a los informes del Indomet y a los lineamientos de los organismos de protección civil”, manifestó.
Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene activa la respuesta ante las afectaciones registradas.
“El Gobierno central, por disposición del señor Presidente de la República, está dando respuesta mediante el levantamiento de daños y análisis de necesidades en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste, donde se han presentado mayores situaciones, así como en Los Alcarrizos y otras zonas afectadas por inundaciones urbanas”, expresó.
Finalmente, aseguró que las acciones de asistencia continúan en desarrollo, al destacar que la mano amiga del Gobierno no se hace esperar y que todo está en desarrollo, se continúa dando respuesta y levantando las necesidades de las poblaciones afectadas.
En tanto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó la rápida respuesta de las autoridades ante las incidencias provocadas por las lluvias. “A todos los sectores que han sido impactados, algunos de ustedes los vimos en La 800 de Los Ríos, donde ha habido importantes pérdidas materiales. Gracias a Dios, lo más valioso, que es la vida humana, se ha preservado”.
Mejía indicó que se mantiene una coordinación permanente con las instituciones del Gobierno central para asistir a la población y dijo que se continúa trabajando en la identificación de cualquier persona que necesite ser trasladada a un albergue. «Estamos en coordinación con todas las instituciones del Gobierno central, atendiendo distintas situaciones desde la madrugada para dar respuesta y atención a la ciudadanía”.
Finalmente, agradeció el respaldo del Gobierno en la atención de las emergencias. «Sobre todo, agradecer el apoyo que siempre recibimos del señor Presidente y de las instituciones del Gobierno central para dar pronta respuesta a nuestra gente”.
Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre; así como los representantes de los ministerios de Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, de Vivienda y Edificaciones, del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comipol), Liga Municipal Dominicana, Defensa Civil, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Cruz Roja Dominicana.
Santo Domingo.- Los dos equipos del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) partieron la mañana de este miércoles hacia la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, para representar a la institución y al país en la prestigiosa competencia Human Exploration Rover Challenge (HERC) 2026.
Este hito marca un logro sin precedentes para la educación superior dominicana, ya que el ITLA se convierte en la primera institución del país en clasificar simultáneamente en las dos categorías de esta competencia internacional: Human Powered (HP) y Remote Controlled (RC).
Los equipos, que forman parte del proyecto RDX, están integrados por estudiantes de diversas áreas como mecatrónica, diseño industrial y multimedia, quienes han desarrollado vehículos capaces de desplazarse en terrenos que simulan la superficie de otros planetas, combinando innovación, creatividad y rigurosidad técnica.
La competencia se celebrará del 9 al 11 de abril de 2026 en el U.S. Space & Rocket Center, en Huntsville, Alabama, donde universidades de todo el mundo pondrán a prueba sus prototipos en un entorno que recrea condiciones de exploración espacial.
El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó el orgullo institucional que representa este logro y el impacto que tiene para el país.
“Hoy vemos partir a nuestros estudiantes hacia la NASA con la satisfacción de saber que llevan consigo meses de esfuerzo, disciplina y pasión por la innovación. Confiamos plenamente en su talento y en su capacidad de representar dignamente al ITLA y a la República Dominicana en este escenario internacional”, expresó.
Por su parte, Melvin Núñez, capitán del equipo de la categoría Human Powered, resaltó el desafío técnico que implica la competencia.
“Este proyecto ha sido un reto enorme, porque implica diseñar y construir desde cero un vehículo bajo estándares exigentes de la NASA. Estamos en la etapa final y listos para demostrar todo lo que hemos logrado como equipo”, afirmó.
Mientras que Jarlyn Reynoso, líder del equipo en la categoría Remote Controlled, subrayó el valor del trabajo colaborativo y el compromiso del grupo.
“Llegar hasta aquí ha sido el resultado de muchas horas de trabajo, aprendizaje y dedicación. Nos sentimos orgullosos de representar al país y de demostrar que el talento dominicano tiene un lugar en la innovación y la exploración espacial”, señaló.
La participación del ITLA en el Rover Challenge 2026 reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación aplicada y el impulso del talento joven dominicano, posicionando a la República Dominicana en escenarios internacionales de alto nivel científico y tecnológico.
