La Guardia Civil de Palencia detuvo a dos dominicanos y un marroquí por un supuesto delito contra la salud pública con cuyas detenciones se ha desarticulado una «importante organización criminal» dedicada a la venta de droga en la capital.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, se ha detenido a un hombre de 33 años de nacionalidad dominicana; a una mujer de 24 años de la misma nacionalidad y pareja de éste y a un joven de 24 años de nacionalidad marroquí.

En el marco de la investigación, se han registrado dos viviendas y un local comercial y se han hallado un total de 371 gramos de cocaína y 37,250 euros en moneda fraccionada, supuestamente procedente de la venta de este tipo de sustancias. Igualmente, se han hallado dos básculas de precisión, varias libretas con anotaciones sobre las ventas, material de corte y diferentes efectos para la preparación y distribución en dosis de dicha sustancia.

Al parecer, el primer detenido se encargaba de la compra y preparación de la mercancía para su posterior distribución a los consumidores, que entregaba a su vez parte de la misma al otro hombre, quien se encargaba de su distribución. Este último trabaja como empleado en el local comercial del primer detenido, desde donde hacían llegar con más facilidad la droga a sus consumidores.

Asimismo, la mujer detenida era partícipe y conocedora del entramado delictivo de su pareja sentimental.

El Juzgado competente en la instrucción de las diligencias es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Palencia.

KIEV, Ucrania. El intento de Ucrania de poner en cuarentena a más de 70 personas desalojadas de China por el nuevo brote viral se sumergió en el caos el jueves cuando residentes locales que se oponían a la medida arrojaron rocas a los evacuados y se enfrascaron en choques violentos con la policía.

Las autoridades condenaron la violencia, y la ministra de salud del país Zoryana Skaletska juró participar en la cuarentena de dos semanas de los desalojados a fin de tranquilizar a los manifestantes que temen infectarse.

En las primeras horas del jueves, un avión con 45 ucranianos y 27 personas de diversos países _incluidos Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana e Israel_ partió de Wuhan, el epicentro de un brote que ha infectado a más de 75.000 personas en el mundo y causado más de 2.100 muertes.

En un comunicado, la cancillería de Argentina agradeció a Ucrania por su generosidad y a China por su colaboración.

Tras horas de choques, los autobuses con los desalojados finalmente pudieron llegar al lugar designado para la cuarentena. Los desalojados con mascarillas, exhaustos tras el largo viaje, se asomaban por las ventanas de los autobuses mientras estos se movían lentamente bajo una gran escolta policial.

Las rocas estrellaron una ventana de uno de los autobuses, pero los desalojados no parecían lesionados.

Desde la mañana, varios cientos de vecinos de la aldea Novi Sanzhary, en la región céntrica de Poltava, habían bloqueado la calle hacia el sanatorio en donde se albergaría a los desalojados por temor a que se infectaran. Los manifestantes, algunos de los cuales parecían estar embriagados, bloquearon vialidades, incendiaron neumáticos y chocaron con la policía antimotines que fue movilizada para despejar el camino.

Nueve policías y un civil fueron hospitalizados, informó en un comunicado la policía regional. Más de 10 manifestantes fueron detenidos.

El ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, visitó el lugar de las protestas para intentar calmar a los reunidos.

Avakov exhortó a los manifestantes a “no caer en provocaciones y ser comprensivos de la necesidad de estas medidas temporales”.

“La situación está bastante acalorada”, dijo Yuri Sulayev, vocero de la policía regional de Poltava.

El presidente Volodymyr Zelenskiy sostuvo que los manifestantes ‘no expresan lo mejor de nuestra personalidad’ y trató de asegurar a la gente que la cuarentena no significa peligro alguno para los vecinos de la aldea de Novi Sanzhary.

AP

Tras siete días de audiencias, la fiscalía entregó el jueves abundante prueba documental y desistió de seguir presentando testigos ante un tribunal de justicia que tramita el mayor juicio por corrupción del país, en que está implicado el expresidente Rafael Correa.

La fiscal general, Diana Salazar, dijo a la prensa que ha presentado la documentación que servirá de prueba para demostrar que entre 2012 y 2016, proveedores del Estado entregaron dinero a funcionarios públicos o pagaron facturas del partido de gobierno Alianza País a cambio de obras.

Aparte del exmandatario, en el caso conocido como Sobornos 2012-2016 están acusadas otras 20 personas entre las que constan también el ex vicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, exministros y empresarios.

Salazar agregó que “la fiscalía es absolutamente ajena a los procesos políticos” y aseveró que “hemos presentado alrededor de 34 testigos, presenciales, peritos y testimonios… (con los cuales) tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal”. La fiscalía había dicho que tendría 160 testigos.

Los sindicados están acusados por la fiscalía de ser parte de una estructura de corrupción destinada a canalizar millonarios aportes económicos ilegales hacia el partido de gobierno Alianza País, bajo férreo control de Correa (2007-2017).

Este proceso judicial ha sido dilatado por lo menos en siete ocasiones, entre otras causas por ausencia de los abogados o de sus defendidos, entre otras.

El exmandatario, tras dejar el poder en mayo de 2017, se radicó en Europa, junto a su familia, aunque más tarde se descubrieron una serie de actos de corrupción, como la malversación de fondos públicos.

Además pesan en su contra una decena de quejas judiciales por acusaciones de vulneración de derechos humanos, entre otros.

La familia real británica está en discusiones con el príncipe Enrique y su esposa Meghan sobre el uso de la palabra «real» en su denominación, después de que la pareja abandonó de forma abrupta sus obligaciones monárquicas para empezar una nueva vida en Canadá.

Enrique, nieto de la reina Isabel, y Meghan, duquesa de Sussex, acordaron el mes pasado con la monarca que no trabajarían más en el marco de la realeza tras su inesperado anuncio de que querían «comenzar a trabajar progresivamente en un nuevo rol» con el que esperan poder autofinanciarse.

«Como el duque y la duquesa de Sussex están dejando de ser altos miembros de la familia real y trabajarán en pos de una independencia financiera, el uso de la palabra ‘real’, en este contexto, debe ser revisado», dijo una fuente de la realeza.

«Las discusiones siguen aún», agregó la fuente.

Enrique y Meghan usan de manera habitual el título «Sussex Royal».

Su sitio web se llama sussexroyal.com y solicitaron la marca registrada de las denominaciones Sussex Royal y Sussex Royal Foundation para ser usadas en libros, material de papelería, ropa como pijamas y calcetines, campañas caritativas e iniciativas de entrenamiento, deporte y cuidado social.

«Como parte del proceso de transición del duque y la duquesa de Sussex hacia su nuevo capítulo, hace tiempo que están en marcha los planes para el lanzamiento de su nueva organización sin ánimos de lucro. Los detalles serán compartidos en el momento adecuado», afirmó la fuente.

Enrique ha hablado de la tristeza que le produce abandonar sus obligaciones reales en el acuerdo que alcanzó con la reina, asegurando que no hay otra opción si tanto él como su esposa Meghan buscan un futuro independiente lejos de la asfixiante intrusión de los medios.

Según el acuerdo, Enrique seguirá siendo príncipe y la pareja mantendrá sus títulos como duques de Sussex ahora que empiezan una nueva vida dividida entre Reino Unido y Norteamérica, donde pasarán la mayor parte del tiempo.