Seis fiscales aportan evidencias ocupadas durante allanamientos simultáneos en Santo Domingo, Bávaro y La Altagracia
Santo Domingo (R.D.).- El Ministerio Público continúa incorporando pruebas en el juicio contra los acusados de pertenecer a una red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
En esta ocasión, seis procuradores fiscales fueron presentados como testigos, quienes aportaron pruebas ante las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, reforzando la acusación con evidencias obtenidas en allanamientos simultáneos realizados en Santo Domingo, Bávaro y La Altagracia.
El primero en declarar fue el procurador fiscal Miguel Collado, quien incorporó un acta de allanamiento ejecutado contra el acusado Daniel Enrique Inirio Abreu. Durante esta intervención se ocuparon recibos financieros, libretas de ahorro, pasaportes, y dos vehículos, los cuales fueron trasladados a la Procuraduría General de la República.
Por su parte, el procurador fiscal Ernesto Guzmán, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), describió un allanamiento en La Altagracia donde se confiscaron itinerarios de vuelos, comprobantes bancarios y un celular. Estas evidencias fueron documentadas en el acta de allanamiento, que se incorporó ante el tribunal.
La intervención del procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar también permitió presentar el acta de allanamiento ejecutado en Punta Cana, provincia La Altagracia, donde se encontraban cuatro personas de nacionalidad colombiana. En el lugar, se incautaron documentos y varios dispositivos electrónicos que, tras ser analizados, revelaron la explotación sexual de tres jóvenes, quienes eran ofrecidas mediante catálogos desde un celular a precios entre 200 y 350 dólares.
La procuradora general de corte Rosa María Pichardo, adscrita a la PEPCA, relató los hallazgos en un hotel de Gazcue, donde se encontraron ocho mujeres colombianas en habitaciones tipo motel. “Las habitaciones eran pequeñas y contenían una cantidad excesiva de cordones, lubricantes y otros objetos que indicaban un uso continuo para actividades sexuales”, señaló Pichardo. Además, las habitaciones estaban cerradas con barrotes de hierro que impedían la salida de las víctimas, lo cual, según la fiscal, evidenciaba el control estricto que los imputados ejercían sobre ellas.
El fiscal Edison Rafael Parra López participó en el allanamiento de otro hotel ubicado en Gazcue, donde se confiscaron más de 100 preservativos, una laptop HP, libretas de ahorro y dinero en diversas monedas. Estos elementos también fueron presentados como prueba ante el tribunal.
El procurador fiscal Merlín Mateo, adscrito a la Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, detalló las evidencias incautadas durante otro allanamiento, en el que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos financieros, boarding passes y hasta mascotas.
Las víctimas halladas durante estas diligencias procesales fueron trasladadas a la Unidad de Atención a Víctimas de Trata y Explotación Sexual del Ministerio Público para recibir protección y asistencia.
Los acusados son José Miguel Michel Gurdis, alias Michel; Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Cristina María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario, alias Cirujano; y Dionicio Mieses de la Cruz, alias Dionis.
Además, Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto, alias Ángel; Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz, Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (alias Gato).
Igualmente, involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El juicio fue recesado hasta el 13 de noviembre, fecha en la que el Ministerio Público, representado por los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías y Eduardo Velásquez, continuará con la reproducción de pruebas como parte de este proceso judicial que se acerca a la fase final.
