Santo Domingo, (R.D.).- El Ministerio Público incorporó como prueba, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, un informe de investigación especial realizado por la Contraloría General de la República, que revela irregularidades en pagos por más de RD$310 millones, vinculados a procesos de compras ejecutados durante la gestión del Dr. Wilfredo Lorenzo (Freddy) Hidalgo Núñez como ministro de Salud Pública en 2013.
Según el fiscal Ernesto Guzmán Alberto, de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), la liberación de estos pagos se logró mediante una solicitud de dispensa dirigida al excontralor general de la República, Rafael Germosén, por el Dr. Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, la cual careció de la legalidad necesaria.
Durante la audiencia, el auditor Amisael Félix Vicioso, quien lideró la investigación, testificó que “toda liberación de pago debe estar firmada por el contralor general de la República ”. Indicó que las 25 órdenes de compra revisadas, vinculadas a medicamentos de alto costo e insumos adquiridos para la Semana Santa de 2013, no cumplían con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones ni con su reglamento de aplicación.
Entre los hallazgos, Félix Vicioso identificó irregularidades como la falta de publicación, la autorización de compras con fecha posterior a la recepción de las ofertas, y coincidencia entre la fecha de solicitud de cotización y la fecha límite para entregar la oferta. También destacó que, además, de no haber cumplido con el proceso de compras y contrataciones, no le fueron realizados contratos a los mismos.
Respecto a los pagos, el auditor señaló que hubo irregularidades vinculadas a la violación de la Ley 340-06, a pesar de lo cual se pagaron más de RD$310 millones, de los cuales más de RD$260 millones estaban destinados a la compra de medicamentos de alto costo y más de RD$49 a la adquisición de kits y material gastable para Semana Santa 2013. Mencionó a las empresas General Medical Solution A.M., S.R.L. y Domedical Supply S.R.L., ambas vinculadas al acusado Alexis Medina Sánchez, como beneficiarias de algunos de estos pagos.
Por su parte, la auditora Rosa Iris Fanis, de la Contraloría General de la República, quien investigó las 25 órdenes de pago, los procesos de compra carecían de la publicación en periódicos y de actas de adjudicación, y que el proceso de compra, realizado bajo la modalidad de urgencia, incumplió varios requisitos legales. “Faltaba el informe pericial, se omitió el plazo establecido entre la convocatoria y la licitación, y hubo incongruencias en la compra”, afirmó.
Fanis subrayó que, conforme a la ley, la resolución que autoriza una compra de urgencia debe contar con un informe pericial previo que la justifique, lo cual no ocurrió. Explicó que la solicitud de dispensa es una excepción para omitir ciertos requisitos cuando hay un pago pendiente, y en este caso, el Dr. Freddy Hidalgo solicitó dicha dispensa al entonces contralor Rafael Germosén. Sin embargo, la auditoría concluyó que los procesos no eran subsanables: “El proceso de urgencia no cumplió con los requerimientos de la ley”, estableció.
La testigo Carmen Magalys Baltazar Carpio, quien trabajó en la Consultoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), también fue presentada. Baltazar Carpio elaboró un informe legal en octubre de 2013 en ocasión de una licitación pública para la compra de medicamentos para enfermedades catastróficas. Según su testimonio, “algunas empresas ni siquiera calificaban”, y mencionó que General Medical Solution A.M., S.R.L. no contaba con la autorización del fabricante del medicamento de alto costo, lo que hizo constar en su informe.
Finalmente, la abogada Katherine Josefina Belén Peña, actual analista de verificación en la División de Verificación y Fiscalización de la Cámara de Cuentas, fue presentada para incorporar los informes de fiscalización patrimonial realizados al Dr. Freddy Hidalgo y a Rafael Germosén. Ambos están involucrados en el esquema de corrupción desmantelado mediante la Operación Antipulpo que, según la acusación, permitió a la red encabezada por Alexis Medina desviar más de RD$4,500 millones del Estado.
El tribunal presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, recesó la audiencia hasta el próximo lunes 7 de octubre, a las 9:00 de la mañana, cuando la barra de la defensa continuará con el contrainterrogatorio de Belén Peña.
