Por: ASSOCIATED PRESS
CARACAS (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro, un cercano aliado de Nicolás Maduro, le pidió el miércoles al mandatario venezolano que permita un “escrutinio transparente” de las elecciones.
“Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia”, señaló Petro en su cuenta de X, antes Twitter.
Pidió que se permita que todas las fuerzas políticas y veedores internacionales hagan “un escrutinio transparente” del conteo de votos y las actas.
El comentario de Petro ocurre horas después de que el Centro Carter —una institución estadounidense que evalúa las elecciones— dijera que no pudo verificar los resultados de las autoridades electorales que dieron el triunfo a Maduro en las elecciones del domingo.
Petro sostuvo que “mientras se realiza ese proceso la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias” y propuso “llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones”.
Con su llegada al poder hace dos años, Petro restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, reconociendo a Maduro como presidente legítimo de ese país. Su antecesor Iván Duque (2018-2022) fue crítico de Maduro.
“El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad… permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido”, publicó Petro. “El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia”, añadió.
La reelección de Maduro es desconocida por la oposición, que asegura que el ganador de los comicios fue su candidato Edmundo González, y por varios países.
Las declaraciones de Petro se suman a las del presidente estadounidense Joe Biden y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quienes la víspera urgieron al gobierno de Maduro a difundir de inmediato “los resultados electorales completos, detallados y transparentes”.
En tanto, el gobierno de Perú reconoció a González como presidente electo de Venezuela y Costa Rica le ofreció asilo a él y a la líder opositora María Corina Machado ante los mensajes lanzados por autoridades venezolanas para que fueran detenidos.
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó también el el martes a Maduro a que reconozca su derrota o convoque a una nueva votación más transparente.
El incremento de la presión internacional tiene lugar dos días después de los comicios y luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano —controlado por el oficialismo— proclamó oficialmente presidente a Maduro, en su segunda reelección, otorgándole una victoria de 51% de los votos frente a 44% de González.
El anuncio del CNE desató protestas en la capital venezolana y diferentes ciudades del país, especialmente en las zonas pobres. Para contener las manifestaciones el gobierno sacó a las calles a la policía y a la Guardia Nacional, que mantienen un patrullaje permanente con el apoyo de camiones cisterna y antimotines. A las labores de vigilancia y control de las protestas también se sumaron grupos afines al gobierno conocidos como “colectivos”, denunciaron organizaciones humanitarias.
La Fiscalía General de Venezuela informó el martes que durante las protestas fueron detenidas 749 personas, mientras la organización humanitaria local Foro Penal reportó 11 fallecidos y 177 detenidos.
Ante la ola detenciones y muertes, Machado acusó el miércoles al gobierno venezolano de emprender una “escalada cruel y represiva”. “Esta es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle”, dijo la líder opositora en un mensaje que publicó en su cuenta de X al advertir que “esos crímenes no quedarán impunes”.
Sólo un puñado de observadores internacionales fue autorizado por el gobierno venezolano a presenciar los comicios, entre ellos una pequeña delegación de las Naciones Unidas y el Centro Carter.
Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay, criticaron la falta de transparencia del proceso electoral, lo que enfureció al gobierno venezolano que ordenó regresar a todo su personal diplomático en esas naciones y les pidió que hicieran lo mismo con su personal en Venezuela.
A los cuestionamientos se sumaron los cancilleres del G7 que también exhortaron a las autoridades venezolanas a publicar de forma “inmediata” los resultados electorales detallados “con total transparencia”.
El grupo, integrado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón e Italia, pidió “máxima moderación y una solución pacífica y democrática” a la situación en Venezuela, según un comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.
Aunque sus observadores no fueron autorizados por Maduro para estar presentes en los comicios, la Unión Europea (UE) dijo que ha seguido de cerca el proceso y que según informes “fiables” de observadores nacionales e internacionales hubo “numerosos fallos e irregularidades”.
A pedido de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, el Consejo Permanente de la OEA realizará el miércoles una reunión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela, que hace años resolvió unilateralmente retirarse del organismo.
En su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que su país no participará de la reunión del consejo del organismo continental y manifestó “¿qué se tiene que meter la OEA? Eso es injerencismo”.
