BY ASSOCIATED PRESS
CARACAS (AP) — Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron el martes que las elecciones presidenciales serán el próximo 28 de julio, en las que se prevé que el presidente Nicolás Maduro aspire a la reelección y mientras se mantiene la inhabilitación a la principal candidata de oposición.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, indicó que se aprobó por “unanimidad” el cronograma, en el que el día del llamado a las urnas coincide con el cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez.
El anuncio se produjo cuatro días después de que la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, entregara a la autoridad electoral un documento sobre las condiciones de las próximas elecciones presidenciales.
El mandato del presidente Maduro, que podría presentarse para la reelección, concluye a principios de 2025.
El documento no fue suscrito por la principal coalición opositora, la llamada Plataforma Unitaria Democrática, respaldada por Washington y cuya candidata, María Corina Machado, permanece inhabilitada para ejercer cargo público por las autoridades venezolanas.
Machado ganó en octubre pasado las primarias de la oposición con una abultada mayoría de más del 90% de los votos. Consultada por el anuncio del CNE, su equipo de prensa descartó que vaya a dar declaraciones e informó que se encuentra de gira por los Andes venezolanos.
La autoridad electoral no hizo referencia a qué pasará con su candidatura ni con la de otros nombres de la oposición sobre los que también pesa inhabilitación. Amoroso, que antes fue titular de la Contraloría General de Venezuela, impuso la inhabilitación política a Machado por 15 años a finales de junio de 2023.
Según la Contraloría, la exlegisladora había participado en una trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. La Contraloría no presentó pruebas.
Pero Machado no formó parte de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y se contaba entre sus más severos críticos.
Su inhabilitación fue ratificada a finales de enero por el Tribunal Supremo de Justicia, aunque Machado dijo que no reconoce esa resolución y ha continuado sus recorridos por el país.
Maduro, horas después en un acto de gobierno televisado, expresó su satisfacción por el anuncio del cronograma electoral y exclamó: “¡Vamos a elecciones presidenciales y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria”.
El gobernante repetidamente ha dicho que el oficialismo está listo para la contienda electoral.
Las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, según anunció el presidente del CNE, y la campaña irá desde el 4 al 25 de julio.
Para participar en las elecciones, los nuevos votantes deberán registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril.
Algunos temen que la proximidad de la fecha de la elección y los plazos establecidos, incluyendo el escaso margen para inscribir candidaturas, afectarán la competitividad de los comicios.
“La fecha no es ninguna sorpresa”, dijo a AP Benigno Alarcón, politólogo y profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. “Se sabía que ante un proceso que es traumático para (el oficialismo) … Iban a tratar de salir lo antes posible de ese parto, que es un parto de alto riesgo”, dijo. A su juicio, no hay tiempo suficiente de campaña.
Las elecciones presidenciales en Venezuela, salvo excepciones, se han convocado en otras ocasiones con una anticipación de seis meses.
“Hay una cosa que está muy clara y es que esta elección está construida, está diseñada para el gobierno minimizar los riesgos de perderlos. Ésta es una elección montada para qué Maduro sea el único que tiene capacidad competitiva”, acotó Alarcón, quien cree que la principal preocupación del gobierno es impedir que Machado sea candidata.
“La apuesta del gobierno es que después que la tormenta pase todo se normalizará y los gobiernos extranjeros, inclusive, los democráticos, van a tener que aceptar, bueno, que Maduro va a estar nuevamente en la presidencia y que van a tener que entenderse con él sí o sí”, apuntó el politólogo.
La Asamblea había planteado hasta 27 fechas distintas, entre mediados de abril y principios de diciembre, para la convocatoria de elecciones presidenciales. Los legisladores oficialistas aseguraron que para la elaboración del documento contaron con la participación de 43 partidos, que representan el 97% de las organizaciones legalmente registradas en el CNE.
Algunos de esos partidos están ahora dirigidos por disidentes de la oposición, luego de que el máximo tribunal les entregara la dirección, símbolos, colores y tarjetas de los tres de los grandes partidos opositores: Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y cercano colaborador de Maduro, repetidamente dijo que la propuesta no tenía como propósito sustituir al CNE, responsable de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales, a la hora de tomar una decisión.
Al elegir una fecha posterior el 1 de julio, el CNE permite a la administración de Maduro cumplir con una parte del acuerdo suscrito con la Plataforma Unitaria en octubre en la isla caribeña de Barbados que contemplaba que las elecciones presidenciales fueran en el segundo semestre de 2024 y planteaba trabajar en un plan que generara las condiciones políticas para realizar comicios libres y competitivos.
Entre las garantías electorales incluidas en la propuesta legislativa figura “la igualdad en la participación en los medios y redes sociales” sin importar el tamaño de los partidos.
Los críticos del gobierno denuncian que la administración de Maduro todavía no ha tomado una medida concreta con miras a garantizar comicios presidenciales transparentes y justos.
Por años, misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectan a la igualdad de condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, el uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.
En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos de Chávez y Maduro, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política.
