SANTO DOMINGO, DN.- Una investigación periodística pone al descubierto que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que dirige Carlos Bonilla destinó aproximadamente 8 mil millones de pesos en procesos de emergencia, sin embargo, muchas de estas emergencias siguen sin resolverse por completo.
Varios de estos procesos caen en duplicidad de funciones, gastos excesivos, falta de transparencia en información relacionada a los sectores y personas beneficiadas, así como procesos de emergencia en los cuales se compró hasta un vehículo de lujo y tickets de combustible.
El programa Toda La Verdad, que conduce la periodista Odalis Castillo y que se transmite por el canal VTV 32, todos los domingos a las 8:00 p.m., realizó las indagaciones a los procesos de emergencia llevados a cabo por el MIVED, donde se revela un patrón preocupante de gastos excesivos y lentos resultados, que desdicen de servicios que son para satisfacer necesidades en un estado de emergencia.
Un indicador de que pudieron ser compras o proyectos que pasaran por procesos ordinarios y no de emergencia, asegurando procesos mucho más transparentes y con mejores oportunidades de beneficios para el Estado al poder tener tiempo para realizar adquisiciones más competitivas.
A través de un análisis de los procesos de contratación y gastos, se mostró como ejemplo de duplicidad de funciones el proceso de reconstrucción y rehabilitación de edificaciones afectadas por los torrenciales aguaceros del 4 de noviembre de 2022. Según la investigación, se descubrió que el MIVED estaba llevando a cabo un proceso para reconstruir los muros perimetrales de dos escuelas: Escuela Costa Rica y Escuela Doña Socorro.
En el primer caso, a menos de un año volvió a caerse el muro con las lluvias de noviembre 2023, y en el segundo, con la Escuela Doña Socorro, se vio que el proceso estaba repetido en el Ministerio de Educación con presupuestos que superan significativamente los asignados por esta última institución.
Este solapamiento evidencia una falta de coordinación interministerial y para colmo al contactar a empleados de la escuela, se confirmó que el muro no ha sido terminado desde el 2022.
Además, se encontró que la construcción de unidades habitacionales para familias afectadas por las lluvias torrenciales en el sector de los Ríos, valorada en más de 168 millones de pesos, no se ha terminado a pesar de que el contrato tenía vigencia de un año y se cumplió en enero 2024, otro ejemplo de procesos que se hacen por emergencia y que no se trabajan como tal.
También se identificó la compra de materiales de construcción por valor de 243 millones de pesos y tratándose de materiales para cubrir necesidades de emergencia, no se explica por qué se hicieron adendas que demuestran la extensión de los procesos.
Además de estos hallazgos, la investigación reveló que el MIVED estaba adquiriendo una variedad de enseres para hogares afectados por desastres naturales, desde lavadoras, hasta sábanas, una función que tradicionalmente recae en otras instituciones como la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial y el Plan Social.
Esta duplicación de funciones sugiere una falta de claridad en los roles y responsabilidades de las diferentes agencias gubernamentales.
Estas revelaciones plantean serias preocupaciones sobre la eficacia de la gestión del MIVED en el manejo de fondos públicos destinados a emergencias y reconstrucción y plantea una reorientación a los procesos de emergencia que se hacen en el país.
