Santo Domingo, 19 de enero de 2024.-La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por la jueza Ramona Rodríguez López e integrada por Rafael Báez García y Daisy Indhira Montás Pimentel, ordenaron el arresto y conducencia contra el abogado Rafael Olegario Helena Regalado, acusado de integrar una red que sustrajo las acciones de la compañía Costa Dorada en perjuicio de las familias Mayol y Serrano, fue declarado hoy en rebeldía, con orden de captura y arresto.
La corte tomó la decisión luego de que Helena Regalado no acudiera a la audiencia y a pesar de que su propio abogado admitió que había recibido citación por parte del tribunal.
La jueza Ramona Rodríguez, quien presidió la audiencia, ordenó la notificación de la decisión al Departamento de Captura de Prófugos de la Policía, a los fines de que el acusado pueda ser conducido ante tribunal, de no presentarse voluntariamente.
“En cuanto al imputado Rafael Olegario Helena Regalado, en virtud de que a él mismo fue debidamente convocado para el día de hoy y no hay una causa de justificación válida, vamos a decretar la rebeldía en virtud de las disposiciones del artículo 100 del Código Procesal Penal, al ordenar su arresto y conducencia”, dictaminó la magistrada al término de la audiencia de este jueves, la cual se inició próximo a las 10:00 de la mañana y finalizó cerca de la 1:30 tras dos recesos.
De su lado, el abogado de las familias Mayol y Serrano, Juan Tomás Vargas, sostuvo que los abogados de los querellantes solicitaron que Helena Regalado fuera declarado en rebeldía por su inasistencia, pedimento al que se unió el representante del Ministerio Público, y fue ordenado por la Corte.
“El imputado Helena Regalado no asistió a la audiencia, y además de eso las compañías demandadas civilmente Global Multibusiness Corporation y la interviniente Costa Dorada tampoco se hicieron representar por abogados. En este sentido, esta barra solicitó que fuese declarado en rebeldía Helena Reglado, porque habiendo sido citado correctamente como pudo comprobar el tribunal, no acudió a la audiencia, violando el deber legal que tenía de obtemperar a la citación del tribunal”, sostuvo el letrado.
Tomás Vargas indicó que solicitaron, además que, en virtud de la rebeldía, fuera desglosado el expediente en cuanto a Helena Regalado, y que continuara con las demás imputadas del proceso, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Con respecto a las compañías citadas, a pesar de que el pedimento de los querellantes fue que se considerara que ellas habían decidido no comparecer, a pesar de la citación, y que eso implicaba que la audiencia podía conocerse en su ausencia, la corte decidió dar la oportunidad a que se reiterara la citación para que fueran representadas por sus abogados que, de hecho, al menos uno de ellos se encontraba en la sala de la corte, aunque alegó no haber sido debidamente convocado.
Uno de los abogados de la parte acusada pidió la separación del juicio, lo que fue acogido por los querellantes, pero, añadieron que el proceso se celebrara, pero, con todas las demás coimputadas, es decir, incluida, Ailec Paloma Soto Garabito, cuyo abogado no estuvo de acuerdo con que se separara el proceso, “a pesar de que muchas veces ha dicho que él no ha hecho nada para retrasar este proceso”.
El Ministerio Público se sumó al petitorio de la rebeldía y la imposición de esas sanciones que van acorde con el artículo 100, sostuvo el abogado, quien mantiene la esperanza de que la audiencia se conozca en la fecha que fue fijada, aunque dice no sorprenderse si se presentan nuevos incidentes de parte de los imputados, recordando que han recusado a todos los jueces de la primera sala, a los de la Cámara Penal de la Corte y antes de ello, al juez de la audiencia preliminar y el día anterior al conocimiento del recurso, presentaron querella en contra de las 4 juezas de la primera sala de la Corte.
El recurso de apelación fue interpuesto por las empresas Hilari Mayol, Mayol & Co, Okra Company y Grand Cays contra la decisión que les excluyó de la acusación por Falsedad en Escritura Auténtica y de Comercio presentada en contra de los acusados por el desposeimiento de las acciones que los querellantes tenían en Costa Dorada.
De la falsedad societaria, además de Helena Regalado también se acusa a Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, quienes ahora enfrentan a la justicia por delitos cometidos. En la audiencia de este jueves los querellantes buscaban que se revocara una decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción que los excluye del proceso y de esta forma se le dé la oportunidad de participar en el juicio de fondo, cuya vista fue pautada para conocerse el próximo 21 de marzo.
El consejo de abogados que representa a las familias Mayol y Serrano estuvo compuesto de la siguiente manera: por Hilari Mayol, Juan Tomás Vargas Decamps, por Mayol & Co, Ignacio Miranda Cubilette; por Okra Company, Laura Acosta y por Grand Cays, Manuel Sierra Pérez, en representación de Addy Manuel Tapia.
El Ministerio Público estuvo representado por el magistrado José Miguel Aguiló, mientras que el imputado Helena Regalado fue defendido por Rodolfo Felipe Rodríguez; Ailec Paloma Soto Garabito, por Hiroito Reyes y Judith Franchesca Aguasvivas Báez por Miguel Valerio. Entre los familiares, legítimos propietarios, estuvieron en la audiencia Javier Mayol, Jorge Mayol, Juan Francisco Mayol, Pablo de los Santos y Ana María Jiménez.
