Un hilo conductor cohesiona la narrativa de la Policía Nacional cuando sus agentes entran en conflicto con la ley: se asume como la verdad de los hechos la versión de los propios involucrados.
Es el discurso del departamento de “relaciones públicas” desde siempre, que no es particular responsabilidad del oficial a cargo, sino de la institución misma, sobre todo, cuando se trata de hechos graves, que deben ser explicados con propiedad a la sociedad.
Los últimos y más bochornosos actos de los agentes corrieron bajo el mismo esquema. El más reciente, el brutal asesinato de David de los Santos: el detenido comenzó a golpearse en la madrugada contra la pared y los barrotes en una aparente crisis de salud mental, por lo que se procedió a llamarse al 9-1-1, que lo llevó al hospital Moscoso Puello. Es decir, el “detenido se mató a sí mismo”.
Pero esta vez, consciente de los excesos habituales, el relacionador púbico Diego Pesqueira se encargó de hacer una precisión, como para “salvar” la deteriorada imagen policial: “Aclaro, la Policía no dice eso. La Policía refiere lo que dijeron los agentes que estaban de turno, lo cual se va a investigar con fines de hallar la verdad y no se ocultará” (Diario Libre).
Pero ahí está el detalle. La información suministrada por los agentes involucrados en el crimen no tiene ningún valor. Son parte de los hechos, y cuando la Policía los asumen deviene en un encubrimiento cómplice.
El protocolo de manejo de la información policial sobre delitos y crímenes contra civiles se torna como un recurso para propiciar la cultura de la impunidad.
PROVOCA REPULSA CIUDADANA
Ese manejo conveniente de la información, se convierte en indignación social frente a los responsables de la Administración Pública, que deben someter sus actuaciones en el marco del “respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto”, como garantía de objetividad en atención al interés general, “especialmente en las relaciones con las personas”, acorde a los principios que deben caracterizar el servicio público, según lo previsto en el acápite 1) del artículo 3 de la ley 107-13, el principio de juridicidad. De modo, que con cada crimen o delito, la Policía se coloca al margen de la ley.
Pero además, la Policía barre con el derecho a la integridad de las personas. Les arranca la vida, a veces cruelmente, la agresión física y psíquica, tortura a las personas ya detenidas y amarradas.
Los agentes disponen de la vida de las personas, lo que se agrava cuando la institución pretende falsificar los hechos, lo que no solo estimula la indignación, sino que empuja a la movilización de la sociedad, solidaria con las víctimas. Y no solamente incumplen sus deberes como servidores públicos, sino que violan derechos fundamentales establecidos en la Constitución y las leyes.
Así, la Policía, con una credibilidad en los niveles más bajos, drena su propia imagen, ya deteriorada.
La actuación policial impacta y compromete la imagen del gobierno, que es el responsable de la calidad de sus actuaciones, no importa el repudio que el presidente de la República manifieste, toda vez que es el jefe del Estado y como tal, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Lo mismo, a la fuerza política que sustenta al gobierno, que guarda silencio frente a las acciones brutales de la Policía. Los medios no registran ningún pronunciamiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que quizás se siente representado en las palabra de Abinader y su compromiso de reformar la Policía.
CONTRA LA REFORMA
Incluso, la actuación excesiva contradice el plan de transformar la Policía impulsado por el gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía. Resta valor a esa apuesta, pues continúa por sus fueros con estos desmanes.
Precisamente, la semana pasada el Comisionado para la Reforma Policial sugirió un paquete de medidas urgentes para encarar el desborde de violencia policial, entre ellas, quizás para apaciguar a la población, la reorganización “del departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de la Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas”.
Y es que, efectivamente, dentro de la reforma policial habría que considerar la comunicación como un recurso fundamental tanto para el desempeño interno o como soporte para una aproximación asertiva con la sociedad; como un instrumento útil para una correcta aproximación a la realidad; para contribuir a la cultura de la verdad y a la divulgación de informaciones mediante un proceso de validación conforme al levantamiento de datos, sin más pretensión que fortalecer el principio de transparencia, en la comprensión de que el papel de la comunicación es fortalecer el derecho ciudadano al acceso a una información objetiva, creíble, de mano con el Ministerio Público, que es el responsable de investigar los crímenes y delitos.
Todo, bajo la premisa de que la Policía como auxiliar del Ministerio Público es una entidad esencial al servicio del pueblo dominicano, y no su verdugo, frecuentemente instrumentalizada a conveniencia del poder o de los políticos que lo controlan en cada coyuntura.
MANIFESTACIONES
El repudio por la muerte de David de los Santos en el cuartel de la Policía de Naco, una de las áreas residenciales de clase alta en Santo Domingo; y de otros jóvenes como José Gregorio (Cuba), en el cuartel de San José de Ocoa, y de Richard Báez en un cuartel de Santiago, ha movilizado a familiares y amigos que se manifestaron frente a Ágora Mall en la avenida J. Kennedy y el sábado 7 en la Plaza de la Bandera, en la Luperón.
