Por Osvaldo Santana
Un opinador de oportunidad pretendió una vez freírme en alquitrán porque advertí que la participación del Estado y su administrador, el gobierno, en el mercado laboral de la comunicación, impacta negativamente la calidad de los contenidos y la competitividad de los medios, y por extensión, atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos.
Los cortos de miras se dedicaron a reducir la cuestión a un mero asunto salarial, al justo derecho de los periodistas a “ganar más”, lo que obviamente defendemos. Sobre todo, quienes tradicionalmente hemos sido sensibles al tema desde las aulas, el sindicato, el colegio y en los mismos medios, como activistas, y consistentemente, como ejecutivos, sin dobleces.
Más allá del derecho al justo salario, se marginaba del debate la grave crisis que desde la década de los 80 impacta a los medios de comunicación convencionales, y en buena medida a los virtuales. La pandemia desde 2020 devino en una fatalidad que agravó su desenvolvimiento económico, pero las miserias a veces no dejan ver ni entender.
Simplificar la cuestión a un problema salarial es una trampa que abonan quienes no terminan de entender el papel de los periodistas y los medios en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos.
De todas formas, trabajar para el Estado siempre será una opción económica. Naturalmente, un Estado democrático tranquiliza el alma y especialmente la conciencia. También el espíritu. Se va al servicio público por una determinada motivación. Por lazos primarios o por identidades y compromisos. En el tránsito, se abre un insondable que no es momento para analizar.
Hay quienes optan por las pobres condiciones de las redacciones o por las vías independientes, bajos ingresos y los límites que entraña ese tipo de ejercicio, y la otra amenaza: los medios cada vez más al servicio de los intereses corporativos. Es una verdadera labor titánica para los profesionales del periodismo preservar sus esencias mínima sin sucumbir al influjo de sus auspiciadores.
Pero la sociedad siempre demandará profesionales en las redacciones y en los proyectos alternativos con posibilidad de generar o producir contenidos que permitan contribuir a la formación de una ciudadanía crítica. Tampoco es una misión simple defender los intereses colectivos en el corazón de la industria periodística. Se requiere de carácter e integridad personal.
No fue una casualidad que el periodismo surgiera asociado a las luchas patrióticas, de liberación nacional, de defensa de las libertades contra tiranos o regímenes opresivos. También como defensa de las libertades y creencias, aunque el mundo no tiene que estar condenado a convertirse en una industria de héroes.
El bienestar social y la felicidad siempre serán bienes apetecibles, pero tampoco hay que condenar ni caricaturizar a quienes entienden que en el periodismo debe haber espacio para el decoro.
El ejercicio de la libre expresión es un contrapeso al poder dominante, y esa misión siempre ha encontrado espacio en las redacciones o en otros escenarios. En estos tiempos, esos escenarios son ilimitados, y lo importante es que las íntimas convicciones confluyan hacia un claro propósito.
La migración al servicio público deviene en casos muy particulares en necesidad imperiosa, y es una pena, pero conlleva siempre pérdidas para el periodismo profesional, para quienes entienden que además de medio de sustento, entraña una grave responsabilidad con la sociedad, que no se puede delegar, y que se asume para toda la vida.
Nota 1: Este comentario no se refiere a quienes entran en las nóminas públicas para cobrar sin trabajar, como “asesores” o bajo cualquier otra denominación. Simplemente: son execrables.
Nota 2: El autor de este comentario fue secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP); uno de los fundadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP; presidente de la comisión negociadora de la ley de colegiación 10-91, que creó el actual Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), del cual fue miembro de la comisión organizadora y del comité ejecutivo durante varios períodos; vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap); secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Editora El País (periódico El Sol) (Sitraelpa), que logró por primera y única vez instituir en el país la cláusula de conciencia en un pacto entre trabajadores y patronos, que empoderó al periodista del derecho a dimitir por disidencia con la línea editorial del medio donde labora. Ese empuje del periodismo de esa época, finales de la década del 70 del siglo pasado, fue recogido en la reforma constitucional de 2010, que en su artículo 49 sobre libertad de expresión e información expresa en el acápite 3): “El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley”.
