El Foro Feminista Magaly Pineda, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y a propósito de la reciente celebración en el país del Diálogo de Tambores, expresa su rechazo absoluto a la negación de derechos desde el Estado Dominicano a la población dominicana de ascendencia haitiana.
El Diálogo de Tambores tuvo dentro de sus principales objetivos fortalecer y visibilizar las acciones y medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes dentro de la diversidad dominicana, así como su participación plena y equitativa en la sociedad.
Este diálogo debería ser un hito en la construcción de una narrativa dominicana que reconozca nuestra diversidad cultural, profundice y visibilice sus expresiones y aportes de las poblaciones afrodescendientes. En ese sentido cabe exigir al Gobierno dominicano que retome el proceso para la regularización del estatus de estas hermanas y estos hermanos que han quedado desprovistos de documentos de identidad, lo que impide el goce de sus derechos ciudadanos.
La oprobiosa Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional ha significado una revocación de la nacionalidad de miles de personas nacidas en República Dominicana, la mayoría de ascendencia haitiana. Se supone que la Ley 169-14 tendría unas posibles soluciones, pero esto ha sido una GRAN TRAMPA. Sistemáticamente prevalece un bloqueo al acceso a los derechos fundamentales, a la posibilidad de documentarse y la dificultad para recibir servicios públicos básicos como la atención en salud y el acceso a la educación. Esta población sigue sufriendo las consecuencias de esta criminal Sentencia, y el Gobierno persiste en prácticas atentatorias a la dignidad.
Con la Ley 169/14 se reconoció la nacionalidad de unas 26 mil personas, muchas de las cuales siguen teniendo múltiples obstáculos para el acceso a sus documentos, pero existen otras 35 mil personas a quienes no se les han devuelto los documentos que ya poseían. Y otras, que se vieron compelidas a acogerse al Plan de regularización, cumplieron con todos los requisitos exigidos, y les entregaron un carné provisional que se suponía era el paso para la naturalización. De esos miles de expedientes, a la fecha, solo 750 personas lograron un Decreto de Naturalización en julio 2020, que ha sido ignorado por las actuales autoridades que no realizan el acto de juramentación, ni les entregan sus documentos. Los demás tienen los carnés vencidos, con la agravante de que las autoridades no han dado continuidad a ningún procedimiento para resolver esta situación.
EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DOMINICANO REALICE DE OFICIO LOS TRÁMITES PARA LA NATURALIZACION DE TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACOGIERON AL PLAN DE REGULARIZACION Y QUE LE FUE ENTREGADO SU CARNÉ DE RESIDENCIA.
Por otra parte, denunciamos la práctica inhumana de entrar a establecimientos de salud y sacar mujeres a punto de parir. Esto viola sus derechos a que los centros de salud sean espacios seguros de atención y es un acto criminal que no se sostiene en ningún parámetro de derecho. Evidencia discriminación y prejuicio, y entraña trato cruel, inhumano y degradante.
Recordamos al Estado dominicano que la seguridad humana es un bien público, y sacar mujeres de los hospitales a punto de parir es una actuación en contra de mujeres dominicanas a las que se les niega su dominicanidad, y en otros casos contra hermanas haitianas, que tienen muchos años de convivencia en territorio dominicano. Para las que solo cruzan en búsqueda de atención médica, debería investigarse cuales autoridades se benefician de este cruce de personas en la frontera.
UN ESTADO QUE SE PRESTA PARA SACAR MUJERES DE LOS HOSPITALES Y NEGARLES LA ATENCIÓN AL PARTO ES UN ESTADO CRIMINAL.
La obligación del Estado es de proteger de manera eficaz los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio. Lo contrario no está de conformidad con la Declaración Universal de Derechos humanos y viola los Pactos internacionales que establecen claramente que la protección corresponde a las personas porque todas tenemos la misma dignidad.
Cabe recordar al Estado dominicano y al Gobierno que preside Luis Abinader Corona, que la discriminación, la persecución de poblaciones vulnerables, el racismo, la xenofobia, la aparofobia no se corresponden con un supuesto gobierno del cambio. Que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es uno de los principios centrales de los derechos humanos. En relación con la nacionalidad, este principio impone a todos los Estados que se garanticen todos y cada uno de los derechos reconocidos en los instrumentos de derechos humanos, sin discriminación alguna. La inversión pública para la mejora de la vida de las personas, la promoción y protección de los derechos humanos de colectivos históricamente vulnerabilizados, deben ser los lineamientos del cambio tan anunciado.
EXIGIMOS RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS HERMANAS Y LOS HERMANOS DE ASCENDENCIA HAITIANA, REITERAMOS LA EXIGENCIA PARA QUE SE LES DOTE DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. Y EXIGIMOS TAMBIÉN CONTROLES MIGRATORIOS QUE RESPETEN LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS. DENUNCIAMOS LA INVERSIÓN EN MEDIDAS COMO CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y MUROS, QUE NO RESUELVEN EL PROBLEMA MIGRATORIO E INCENTIVAN EL ABUSO Y LA CORRUPCIÓN.
