OSVALDO SANTANA
La apuesta del equipo de gobierno por la transparencia y contra la corrupción, es el factor que ha concitado más apoyo en la población, y ya enrutado en la misma debe hacer todo lo necesario para que no se quiebre. Si eso ocurre, podría tener implicaciones.
Habría que valorar que el eje principal de esa apuesta se afirma en la figura del propio presidente Luis Abinader como gran activo, no sólo por su condición de jefe del Estado, sino porque no se ven otras voces o actores en la Administración que permitan aligerar su carga. Él lo es todo, al extremo que se constituye en voz e imagen en un elevado volumen de la publicidad oficial.
Abinader ha alentado la transparencia como contraste respecto a la administración anterior y resalta el papel que desempeña el Ministerio Público “independiente”, aunque la Constitución de la República así lo consigna cuando en su artículo 170 instituye su “…autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”.
Pero es su apuesta, y se ampara en su determinación reflejada en la designación de una procuradora que asume como independente para que persiga toda suerte de crímenes, con énfasis en la corrupción, tanto de la pasada como en su propia Administración. Algunos casos han sido llevados diligentemente a la justicia.
Los retos
Pero los retos de la buena gobernanza van más allá. Encarar los grandes problemas nacionales, como la pandemia del covid-19, la normalización de la vida económica y social, los servicios de salud y educación, la devolución de los empleos, la garantía de la suficiencia alimentaria y algo esencial para todos como la seguridad ciudadana, que se levanta como una materia de difícil solución y que impacta a los ciudadanos simples, el clima de los negocios y la inversión.
Los hechos violentos de los últimos meses y días en que han muerto ciudadanos, incluso con la participación de la Policía como agente multiplicadora de la violencia, ponen en apuros al gobierno del cambio. El asesinato brutal de los jóvenes esposos en Villa Altagracia en marzo pasado y ahora la joven madre, arquitecta y emprendedora Lelie Rosado constituyen, sin menoscabo de otros hechos, graves baldones para la política de seguridad ciudadana.
Son retos que van más allá de los apoyos que generan la bandera de la transparencia y la anticorrupción. Situaciones que son el reflejo de la dinámica social, cuando todavía la oposición morada no termina de recomponerse y la Fuerza del Pueblo y otros sectores tratan de estructurar una propuesta diferenciadora.
En paralelo, si bien la economía muestra signos alentadores como el crecimiento de más de dos dígitos y la recuperación de los empleos, el inicio de algunas obras y una reconocida reactivación de las actividades, al mismo tiempo los grupos comunitarios y sociales reclaman la satisfacción de necesidades, calentados con grandes apagones que al inicio del gobierno se atacaron como “asuntos del pasado”.
La lucha contra la corrupción avanza, aunque por momento se ralentiza, pero obviamente ese recurso no será suficiente. El recurso “Abinader” como la llama en el gobierno podría agotarse. Si el gobierno insiste en girar en torno a él, cualquier “falla” importante podría conducir a un debilitamiento del apoyo que viene acumulando la Administración en su conjunto.
Abinader, como gran estandarte de la integridad, trabajador y eficiente Ejecutivo, no podría equivocarse demasiado, porque hasta su propio Partido Revolucionario Moderno (PRM) parece fuera del juego, y como tal, no se observa interesado en capitalizar los logros de que habla la actual gestión. Más bien resaltan voces críticas desde su seno.
UN PASO AL FRENTE
La revelación de los Papeles de Pandora le dio al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la oportunidad de dar un paso al frente. Le exigió al presidente Abinader que explique con claridad sobre las empresas Littiecot y Padreso, S. A. que no figuran en su declaración jurada de bienes, y que presume que podrían constituirse en medios para eludir responsabilidades fiscales y tributarias. Le dice que si es así, no puede pedir sacrificios fiscales y menos hablar de transparencia.
UN RARO RECORTE
Mientras el gobierno apuesta a fortalecer la Procuraduría General de la República como agencia de persecución de los ilícitos, en el proyecto de Presupuesto para 2022 le redujo RD$512.9 millones, con relación al actual de 2021. De una asignación de 8,912.2 millones de pesos este año, sólo tendría 8,399.3 millones en el 2022, una diferencia de 5.76% menos. Tal acción ha provocado desazón.
