El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que el Ministerio Público depositó nuevas pruebas y que el monto defraudado es de más de 500 millones de pesos
SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este viernes que la justicia debe mantener las medidas de coerción impuestas a los vinculados al sorteo fraudulento de la Lotería Nacional, en cuyo proceso han surgido nuevas evidencias.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que en este caso fueron aportados nuevos elementos probatorios, incluyendo las querellas de varias bancas de lotería que resultaron perjudicadas. Indicó que el monto defraudado en el sorteo del 1 de mayo de este año asciende a más de 500 millones de pesos.
El representante del Ministerio Público produjo sus declaraciones al ser entrevistado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, previo al conocimiento de la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas al grupo de personas arrestadas en la Operación 13, audiencia que se lleva a cabo en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Por el caso son procesados el suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.
En relación con el prófugo Leónidas Medina Arvelo, alias Nazaret, “el Ministerio Público ha puesto en movimiento las herramientas que le permite la cooperación internacional a fin de que esa persona pueda ser traída al país en el menor tiempo posible”, indicó Camacho, en respuesta a miembros de la prensa.
Ante preguntas sobre los procesos judiciales en curso por lavado de activos y narcotráfico, dijo que el Ministerio Público, bajo el liderazgo de la procuradora general Miriam Germán, está trabajando para reducir la impunidad a su mínima expresión, “no importa si los casos se tratan de corrupción, de narcotráfico o de lavado de activos”.
En torno a ese aspecto, declaró también que el órgano de la persecución penal procesará a cualquier persona de la que obtenga evidencias que se ha involucrado en este tipo de ilícitos.
La investigación del Caso 13 está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, que encabezan los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
