Marcha Verde respalda la decisión adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de solicitarle al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), cancelar o suspender la contratación de 70 artistas o agrupaciones populares para amenizar fiestas futuras, por la suma de 100 millones de pesos, al comprobarse que esa operación viola varios artículos de procedimiento, contenidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Considera que este tipo de operaciones, que violan la ley sobre las contrataciones públicas, ha sido una práctica corrupta empleada por funcionarios y empresarios para asegurarse favoritismos como parte de la cadena de acciones contra el erario.
Por otro lado, exigen la aclaración de que en dicha operación están involucrados, como beneficiarios, funcionarios del Ministerio de Cultura, de manera concreta el señor Fernando Antonio Cruz (Bonny Cepeda), Viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial, quien tiene una orquesta que figura entre las contratadas.
Aseguran, que igualmente participa el músico y compositor Luis Amaury Sánchez, quien es el Asesor Artístico y Cultural del Poder Ejecutivo y coordinador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles.
Señalan que este tipo de contratación a funcionarios del Estado, que corresponden al más alto nivel constituye un “conflicto de intereses”, además de tráfico de influencia, que son modalidades de la corrupción que aún impera en el país, así establecen mediante un comunicado de prensa.
