EFE
Madrid– El Gobierno ha aprobado este martes las condiciones en las que se van a prorrogar los ERTE relacionados con la pandemia del COVID-19 hasta el 31 de enero, tras haber logrado un acuerdo con patronal y sindicatos.
Según ha destacado tras el Consejo de Ministros la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, -que ha vuelto a agradecer el esfuerzo del diálogo social para cerrar acuerdos- la ampliación «protege a todas las empresas y a todos los trabajadores» ante unos meses que pueden ser complicados.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha detallado el nuevo esquema de ERTE y que contempla tres modalidades.
Por un lado, los ERTE por fuerza mayor para las actividades más afectadas por la pandemia que tendrán exoneraciones del 85 % en el caso de las de menos de 50 trabajadores y del 75 % si tienen más, tanto para los empleados activados como los que siguen parados.
Y por otro, el denominado ERTE de rebrote pasa a convertirse en dos nuevas modalidades: el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación, a los que podrán acogerse cualquier empresa sea cual sea el sector que se vea afectada por medidas relacionadas con la COVID-19.
En el primer caso, por parón total de la actividad, las bonificaciones serán del 100 % para las empresas de menos de 50 trabajadores, del 90 % para los de más de 50.
En el segundo, el esquema de bonificaciones es decreciente partiendo del 100 % en octubre para pasar al 90 % en noviembre, al 85 % en diciembre y al 80 % en enero para las empresas de menos de 50 trabajadores, en tanto que para las de más de 50 empleados hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores.
«Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación», ha afirmado Díaz.
Díaz también ha señalado que el acuerdo mantiene la obligación de mantener el empleo durante 6 meses para las empresas acogidas a un ERTE, así la prohibición de realizar horas extras.
También ha apuntado que se han incluido medidas para priorizar la formación de los trabajadores en ERTE y ha recordado que se mantiene la cuantía de las prestaciones y el «contador a cero».