SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó este martes que las visitas a la Penitenciaria Nacional de La Victoria están prohibidas y que los internos disponen de la asistencia médica y la alimentación necesaria, ya que se han aumentado las raciones alimenticias en todos los centros.
En ese sentido, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, hizo un llamado a los familiares de los internos para que no visiten dicho recinto penitenciario ni ningún otro, ya que aunque no tengan contacto directo con los internos, la manipulación de los alimentos que les llevan o el contacto con el personal de seguridad y administrativo puede contribuir al contagio.
Dijo también que las autoridades del Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Dirección General de Prisiones intervinieron el penal el pasado fin de semana y que desde entonces han realizado más de 500 pruebas a los privados de libertad, además de que han procedido a aislar y trasladar a los internos que han dado positivo al COVID-19 y a los que han tenido contacto con ellos y con los dos fallecidos presumiblemente afectados por la enfermedad, así como a los que presentan síntomas.
En tanto que la institución a cargo del sistema penitenciario dominicano reconoció que en la penal de La Victoria pudo haberse violado los protocolos establecidos, ya que es el único recinto penitenciario de los 41 centros del país, donde se han detectado casos después de la implementación de las medidas que pusieron en marcha en el sistema penitenciario nacional el pasado 18 de marzo para evitar la propagación de la enfermedad y proteger, sobre todo a los más vulnerables, como las personas de más de 60 años de edad, los que padecen de hipertensión, diabetes o enfermedades terminales.
Destacó en ese orden, que en los demás 40 recintos penitenciarios del país no se han registrado casos, destacando en ese sentido, que los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, conocidos como VTP así como los policías y militares del sistema tradicional, acogiéndose al protocolo establecido, tienen más de 20 días sin salir de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y demás recintos penitenciarios, pese a lo cual, dijo que se les realizarán las pruebas correspondientes. Afirmó que con su cumplimiento estricto a las medidas preventivas han logrado que hasta el momento no se hayan registrado casos de la enfermedad en los además centros.
La PGR precisó que además de la restricción total de las visitas, desde el pasado 18 de marzo, en los diferentes recintos penitenciarios se han adoptado otras medidas dirigidas a preservar la salud de los privados de libertad y el personal a cargo de la administración de los centros, las cuales también incluyen chequeos de salud, aumento de las medidas de higiene personal, jornadas de desinfección e higienización de los recintos, y charlas de orientación sobre la prevención de la enfermedad, además de la suspensión de todas las actividades educativas, entre éstas, los programas de educación básica y universitarios y todas las actividades grupales que estaban programadas en dichos centros. Igualmente, fueron creados 10 centros regionales de aislamiento en distintos lugares del país.
Aseguró la institución, que el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Academia Regional Penitenciaria, son muy efectivos y que contribuyen a controlar la propagación de la enfermedad, siendo ello una muestra, el hecho de que hasta el momento 40 de los 41 no registren casos de la enfermedad.
La Procuraduría General de la República dijo que personal de ambas instituciones, desde la detección de los primeros casos de COVID-19 en el país, trabajan de manera coordinada en la prevención y control de la enfermedad en el sistema penitenciario nacional, por lo que enfatizó en el llamado a la población a que contribuya con la preservación del derecho a la salud de los privados de libertad y del personal a cargo de la administración de esos establecimientos, no acudiendo a los recintos penitenciarios y mucho menos a los centros donde estan siendo trasladados los internos afectados.
