La publicación se titulará “Servidores del TSE Escriben”, con aportes académicos sobre derecho electoral, democracia y justicia electoral.
Santo Domingo, R.D.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) pondrá en circulación la octava edición de su revista Justicia Electoral, que contendrá una propuesta editorial especial titulada “Servidores del TSE Escriben”, integrada por 12 artículos escritos por colaboradores de la Alta Corte, quienes aportan sus conocimientos y experiencias al análisis del derecho electoral, la democracia y la justicia electoral.
Esta edición reunirá investigaciones y reflexiones sobre temas de actualidad jurídica e institucional, entre ellos los conflictos interpartidarios; el financiamiento político; los derechos fundamentales; la observación electoral; las nuevas competencias del Tribunal y los desafíos que plantean la comunicación y la tecnología para el fortalecimiento de la democracia dominicana.
Entre los trabajos que forman parte de la publicación están “Impugnaciones de primarias: ¿conflicto interpartidario o contencioso electoral?”, de la autoría del abogado y docente Aldo R. Mercedes Medrano, así como un análisis sobre el compliance y la fiscalización del financiamiento político, a cargo de la abogada Yudith Santana.
En el ámbito de los derechos fundamentales, Angélica Lalondriz aborda “El derecho de la mujer a prescindir del apellido de casada”. De su parte, Rosanny Medina presenta un análisis sobre las rectificaciones de actas del estado civil y el derecho a la identidad, en el que destaca el papel del Tribunal Superior Electoral como garante de la dignidad humana.
La revista también incluye el artículo “La observación electoral como mecanismo para fortalecer la democracia en Latinoamérica”, de la abogada Diana Sánchez Ventura, así como un análisis de la Ley núm. 39-25, orgánica del Tribunal Superior Electoral, sus nuevas competencias y atribuciones, a cargo de Issa López Frías, subdirectora de la Dirección Contenciosa Electoral.
En materia de financiamiento político y jurisprudencia electoral, el abogado de la Dirección Contenciosa Electoral, Celso Junior Romero Peña, examina la evolución del financiamiento político y la reinterpretación del TSE en la sentencia número TSE/0010/2025.
Asimismo, Karina Noelia Espinal Ovalle analiza las demandas sobre reparos al cómputo electoral y la necesidad de su configuración legal, mientras que Samuel Mejía Taveras expone sobre el acto administrativo de contenido electoral.
Los desafíos relacionados con la comunicación y la transformación digital también están presentes en esta edición. Ariela María Baldera Gutiérrez analiza la desinformación electoral y los límites de la libertad de expresión, mientras que Mario Acosta Borbón, asistente de despacho de la magistrada titular Lenis Rosángela García Guzmán, plantea el camino hacia la definición de parámetros transversales de ciberseguridad para los sistemas administrativos, políticos y electorales de República Dominicana.
Completa la selección de esta octava edición el artículo de Auribel Mera Tavárez de Díaz, abogada asistente de despacho del magistrado Pedro Pablo Yermenos Forastieri, quien ofrece una mirada al control jurisdiccional de los conflictos interpartidarios.
La puesta en circulación se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre de 2026, en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, donde se darán cita representantes del ámbito jurídico y electoral para conocer los aportes académicos que conformarán esta nueva entrega.
Coordinación y producción editorial
La revista Justicia Electoral estará bajo la coordinación del magistrado Pedro Pablo Yermenos Forastieri y cuenta con la producción de la Dirección de Comunicaciones del Tribunal Superior Electoral, dirigida por el licenciado Pedro Castro.
Con esta iniciativa, el TSE reafirma su compromiso con la promoción de la investigación jurídica, el intercambio de conocimientos y la difusión de los aportes académicos de sus colaboradores, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la justicia electoral, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en República Dominicana.
