SANTO DOMINGO. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresó su profunda preocupación ante la aplicación de la Ley 98-25, al considerar que dicha normativa constituye un “golpe bajo” contra las organizaciones sin fines de lucro (ONGs) del país.
El presidente de CODUE, Feliciano Lacen Custodio, manifestó que la forma en que se está aplicando esta legislación genera serias interrogantes sobre su impacto en entidades religiosas y comunitarias que realizan labores sociales, educativas y humanitarias en favor de miles de familias dominicanas.
«Gravar esos ingresos como si se tratara de utilidades empresariales —advirtió la entidad— desconoce la naturaleza jurídica de las ASFL y debilita su labor social», añadió.El dirigente evangélico enfatizó que esta situación podría entrar en contradicción con el espíritu de la Ley 122-05, que regula a las asociaciones sin fines de lucro en el país. En su artículo 50, dicha legislación establece claramente que las organizaciones debidamente incorporadas y en cumplimiento de sus obligaciones gozan de exención de tributos y contribuciones, siempre que actúen dentro de su objeto social y no distribuyan beneficios.
“En derecho existe un principio fundamental: la norma especial prevalece sobre la norma general”, explicó Lacen. En ese sentido, indicó que la Ley 122-05 constituye una ley especial diseñada específicamente para regular a las asociaciones sin fines de lucro, mientras que la Ley 98-25 tiene un carácter más general dentro de la gestión pública. Por ello, cualquier interpretación normativa debe respetar el régimen especial que protege a las organizaciones sociales y religiosas.El pastor Feliciano Lacen Custodio señaló que existe la percepción de que reformas que no pudieron concretarse mediante consenso ahora se están aplicando de manera gradual a través de diversas disposiciones administrativas, como el aumento en el costo de documentos oficiales —incluidos los certificados de buena conducta—, ajustes en seguros y otros mecanismos de recaudación que están generando nuevas cargas económicas.
