Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y ha suspendido varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.
El Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneran la Constitución, son contrarios a los derechos fundamentales, suponen una “patologización” de los menores e invaden competencias exclusivas del Estado.
Al admitir a trámite su recurso este jueves, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspende la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que figura el que abre la puerta al asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo estima que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.
El TC ya estaba estudiando la constitucionalidad de la ley trans madrileña, después de que el Defensor del Pueblo recurriese el inciso que establece como “requisito necesario” para iniciar el tratamiento farmacológico que los menores “reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil” y si existe comorbilidad -dos o más enfermedades al mismo tiempo-, recibir un informe médico favorable.
Como el Defensor, también el Gobierno cree que este precepto supone una “patologización de los menores” y choca contra los derechos reconocidos en la ley trans nacional.
Al anunciar el recurso, la titular de Igualdad, Ana Redondo, consideró también “claramente discriminatorio” que la norma detalle que las personas trans pueden usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres”.
Una cita que para la ministra da a entender que las mujeres trans ponen “en peligro los derechos del resto de mujeres”.
El TC también estudiará esa parte de la norma y analizará si, como dice el Gobierno, ambas leyes madrileñas invaden competencias exclusivas del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.
El Ejecutivo cree que las mencionadas leyes, aprobadas en 2023, modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido regresivo para los derechos de las personas LGTBI.
Ayuso defiende la constitucionalidad de la ley LGTBI de Madrid, que mira “por los menores”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que las reformas de las leyes Trans y LGTBI “se han hecho desde el respeto a la Constitución” y “primando el interés de los menores”.
Así lo expresa en un mensaje en la red social X después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido de manera provisional algunos puntos de dichas leyes que fueron modificadas en diciembre de 2023 en la Asamblea de Madrid, donde Ayuso ostenta la mayoría absoluta.
Nuestras reformas de las leyes Trans y LGTBI se han hecho desde el respeto a la Constitución.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 18, 2024
Siempre primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales. https://t.co/ajNMwJokXv
La presidenta madrileña dice que las reformas se realizaron “primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales”.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, también se ha pronunciado sobre la decisión del tribunal en un audio remitido a los medios, en el que que acata la decisión del juzgado pero insiste en que es una “ley plenamente constitucional que responde al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales, entre otros, de la pediatría y la salud mental”.
“Este Gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y, sobre todo, para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología”.
