QUITO (AP) — Ecuador permanecía el jueves en estado de emergencia nacional tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho sin precedentes que ha sumido al país en uno de los momentos más aciagos de su historia democrática.
El presidente Guillermo Lasso publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que el crimen del candidato será investigado por la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) que “aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”.
Dos de los aspirantes con mayor preferencia del electorado, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez, anunciaron que suspenderán cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas.
En tanto la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que a su marido lo asesinaron “porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”.
En rueda de prensa el ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que en el sur de la capital fueron arrestados seis extranjeros en torno al caso, dos de ellos plenamente identificados en la escena del crimen, y agentes de policía se incautaron de un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cargadores de fusil, cuatro cajas de municiones, tres motocicletas y un vehículo reportado como robado.
Añadió que el gobierno considera el asesinato de Villavicencio un “crimen político con carácter terrorista, un intento de sabotaje a las próximas elecciones”.
Los restos de Villavicencio fueron retirados de la morgue policial y trasladados en una carroza fúnebre cubierta con la bandera ecuatoriana a una funeraria del norte de Quito, donde durante la jornada la familia será la única que tendrá acceso.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo en conferencia de prensa que “una ola de indignación y rabia inunda a Ecuador” porque las mafias le han declarado la guerra al país y que el Estado “y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentarlos”. Anticipó que efectivos serán desplegados a todos los rincones del país para proteger a la ciudadanía hasta después de las elecciones del 20 de agosto.
El movimiento Construye, que apoyaba la candidatura de Villavicencio, anticipó que formará un equipo de seguimiento del proceso legal y exigirá que “se conforme una comisión internacional que sea parte de la investigación de este magnicidio”, al tiempo que advirtió que no permitirá que “la narcopolítica siga campante y se burle una vez más de la justicia”.
En un comunicado, añadió que en las próximas horas anunciará su decisión sobre el proceso electoral. De acuerdo con la ley, si un candidato queda inhabilitado el grupo que lo apoya puede designar un reemplazo entre sus integrantes.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, explicó que de acuerdo con la ley electoral quien reemplace a un candidato fallecido debe someterse al mismo procedimiento de inscripción e impugnación. Informó, además, que las papeletas ya están impresas y no se cambiarán. Ante una nueva postulación, dijo Atamaint, los votos que se marquen en el casillero de Villaviciencio se endosarían al eventual nuevo candidato del movimiento Construye.
Villavicencio, de 59 años y quien se caracterizaba por denunciar y confrontar a funcionarios públicos y empresarios presuntamente vinculados con actos de corrupción, fue abatido a balazos el miércoles al salir de un acto proselitista en un colegio del norte capitalino. En el atentado también resultaron heridas otras seis personas y uno de los presuntos asesinos murió en el cruce de balas, reportó la Fiscalía.
“Este ataque atroz es una afrenta a los principios y valores que los Estados estadounidenses y toda la comunidad internacional acogen”, expresó el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Roland Sanders. “Este terrible crimen ya ha resonado en todo el mundo y ha sido condenado por completo”.
Lasso decretó tres días de luto nacional y el estado de excepción por lo que efectivos militares se movilizaban en todo el territorio nacional.
“Esta creo que es la hora más oscura de la democracia ecuatoriana en décadas”, dijo a The Associated Press el exvicepresidente Alberto Dahik (1992-1995).
Lamentó que Ecuador haya ingresado al grupo de países “donde la violencia amenaza con la estabilidad misma de la democracia y sus instituciones”, tal como sucedió en Colombia, que vivió el magnicidio de los políticos Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y Luis Carlos Galán en 1989, o en México con el excandidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio en 1994.
En el mismo sentido se manifestó en su cuenta en X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien sostuvo que el asesinato de Villavicencio “es un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho”.
Nichols reclamó “una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes” al tiempo que ofreció el apoyo de su país.
