WASHINGTON, Estados Unidos presentó este martes sus informes sobre Derechos Humanos y otros renglones, donde se recogen diferentes violaciones a la ciudadanía por parte de la Policía Nacional y el Gobierno de la República Dominicana.
“Más de 4,000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021. Según la Procuraduría General de la República, hasta octubre la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales”, dice el informe.
De acuerdo al informe entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno.
El informe denuncia también condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
“Aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y el maltrato físico, existen informes de que miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente policías, llevaron a cabo estas prácticas”, señala el informe.
indica que el gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero “la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad”.
El reporte de Estados Unidos recoge el asesinato de los esposos evangélicos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz en Villa Altagracia; la muerte de Leslie Rosado y denuncia de tortura a joven en La Vega.
De acuerdo al Informe, en el 2021 los periodistas practicaron la autocensura “sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios”.
De igual forma, establecen que “el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad”.
“En julio de 2020, la dirección de comunicaciones del gobierno publicó informes de gastos en publicidad que sumaban más de 1,050 millones de pesos (18,5 millones de dólares) en ocho años”, establece el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El informe establece que las personas y los grupos fueron capaces de criticar al gobierno en público y en privado sin represalias, aunque se produjeron incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa, como el caso de la notificación que recibió Katherine Motyka, fundadora y directora de Jompeame de retirar las imágenes de una niña de 12 años que sufrió abusos sexuales y quedó embarazada a consecuencia de la violación.
“Los periodistas practicaron la autocensura, sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugieren que el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad», dice el informe sobre derechos humanos.
