PUERTO PLATA. El Ministerio Público informó este lunes que solicitó a la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra una pareja de esposos a la que se acusa de estafar a varios beneficiarios del programa de ayuda estatal “Quédate en Casa”, coordinado por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) en el marco de la crisis generada por la pandemia provocada por la COVID-19.
Según el comunicado de la Procuraduría General de la República, la pareja identificada como Jennsse Raúl Susaña Santana y Elizabeth Báez Leonardo estafó a personas de edad avanzada que acudían al colmado Ramón Susaña, ubicado en la calle Principal 61, Palo Blanco, Puerto Plata, para realizar compras de alimentos con el subsidio facilitado por el Gobierno a través de “Quédate en Casa”.
Una investigación realizada por la Fiscalía de Puerto Plata, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) determinó que los imputados captaron los datos asociados a las cédulas de identidad y electoral de los beneficiarios y luego los utilizaron para favorecerse con los fondos que eran dispensados por la Adess a favor de estos.
Los imputados decían a los beneficiarios que habían sido excluidos del programa y que carecían de balance, cuando en realidad el Estado les depositaba $2,500 pesos quincenales que fueron, subsecuentemente, obtenidos de manera fraudulenta por los imputados.
Luego los denunciantes se percataban de que tenían balance y de que en sus cuentas se reflejaban consumos realizados por terceros, por lo que dieron parte a las autoridades. La investigación condujo al arresto de los implicados en Bávaro, Punta Cana, con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia.
A los imputados se les ocuparon objetos y documentos relacionados con los hechos investigados, que les vinculan directamente a la estafa en contra de los denunciantes y beneficiarios de las ayudas sociales y del Estado dominicano.
El Ministerio Público ha calificado el hecho de manera provisional de violación a los artículos 14, párrafo 15, 17 y 20 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano.
