La República Dominicana posee desde el año 2010 un valioso instrumento jurídico que norma el fomento creativo, económico, técnico e institucional de la actividad cinematográfica nacional. La ley 108-10 ha posibilitado que diversas empresas y empresarios del sector privado, inviertan una parte significativa del monto total del pago anual de sus impuestos al Estado Dominicano, en la producción de películas.
La producción habitual de obras cinematográficas de ficción de factura local ha tomado un dinámico crecimiento año tras año, provocando la favorable integración laboral de talentos delante y detrás de las cámaras, así como gerentes, técnicos, y auxiliares de otras áreas profesionales y técnicas.
Tras ese género expresivo, también advertimos una marcada tendencia hacia la realización y exhibición de cortos metrajes, tanto de ficción como documentales, productos audiovisuales que si bien son de periodos reducidos en exhibición, no dejan de demandar el rigor estético y técnico de cualquier largometraje de ficción o documental. A través de los cortos podemos, y han continuado cineastas locales dando a conocer hechos, personajes, y momentos fundamentales de nuestra idiosincrasia y del mundo.
La frecuencia anual con que son materializadas esas propuestas creativas de corto tiempo de exhibición, ha provocado un interés especial por los efectos extraordinarios que ha provocado la ley 108-10 y los profesionales que hacen vida en ella estos últimos diez años.
Ha quedado dignamente demostrado, que no sólo el largometraje de ficción como género extraordinario del cine, ha llenado de esparcimiento lúdico una parte significativa del público dominicano que regularmente ve cine en las salas comerciales, en las universidades, en aulas de educación básica y media, así como en centros culturales de instituciones públicas y privadas.
En la gran proyección nacional e internacional que en estos últimos diez años ha conseguido el cine dominicano, juegan un papel de primer orden las producciones locales que desde el corto de ficción o documental germinan nuevas historias, constituyendo ademas el punto de partida para que los nuevos talentos de las distintas áreas profesionales del cine adquieran los conocimientos y las destrezas requeridas en las propuestas largometrajes de ficción.
Algunos me cuestionarán por afirmar de manera ligera que el valor del corto cinematográfico hecho por profesionales de la industria, por estudiantes de cine, comunicación social, publicidad, mercadeo, y por cineastas independientes con profesiones tan distantes de la nuestra, como la odontologia, han contribuido y continúan contribuyendo al desarrollo sostenido de una quimera local que empezó a dar pasos firmes en el 2010.
Lo paradójico del asunto, y es de justicia dejarlo establecido en el mercado audiovisual dominicano, que esas producciones cinematográficas resultan costosas y exigentes, y un amplio segmento de emprendedores está cargando en sus hombros y en sus bolsillos con los recursos que su producción demanda. Incluso, cineastas locales residentes en la diáspora, en su enorme deseo de contribuir al desarrollo cultural de su Patria, y aún afectando las remesas que envían a sus familiares de manera regular, destinan recursos a la producción de cortos en sus nuevos espacios de vida.
Ante esa realidad la Dirección General de Cine debe introducir cambios contundentes en su estructura gerencial, de modo que el FONPROCINE no continúe siendo una convocatoria anual de proyectos que a la corta y a la larga no se materializan por falta de recursos económicos. Ese fondo especial debe financiar de manera total el costo de las propuestas premiadas. La metodología en que se ha implementado en FONPROCINE hasta el momento, no ha sido la más acertada. Su incidencia económica y creativa debió impulsar la realización de varios largometrajes de ficción y documental, y de manera amplia, la producción de cortos en ambos géneros.
La Nueva y Primera Ministra de cultura, Doña Carmen Heredia de Guerrero, debe impulsar una revisión total a la ley 108-10, y a la estructura gerencial y administrativa de la Dirección General de Cine, con la firme convicción de que de los extraordinarios recursos que genera la industria cinematográfica años tras año, una parte sea consignada al fomento real del cine en la sociedad dominicana, que como sabemos, de los impuestos que paga, es de dónde se nutre el referido instrumento legal.
Ese fomento real que entendemos resulta posible en el sector cultural cine, debe abarcar la geografía nacional en su conjunto, y la diáspora, aportando recursos técnicos, económicos y físicos para que las grandes producciones locales, las Co-producciones con cineastas hermanos, y las películas extranjeras de carácter puramente comercial, sean vistas y deleitadas por los públicos de la frontera, los del sur, los del este, los del extenso Cibao, y por los residentes fuera del lar nativo.
Pero esos públicos requieren y merecen también involucrarse en la génesis del propio proceso creativo del cine dominicano. Son públicos, son habitantes que desean impoderarse del fenómeno cinematográfico que está viviendo la Nacion, pero desde sus particulares perspectivas, y los anhelos de sus respectivos pueblos. Gente que desea ver en las pantallas de sus municipios el cine del mundo, el cine de la gran ciudad, y el cine de su pueblo chico.
En este preciso momento en que la Señora Carmen Heredia de Guerrero asume el cargo de Ministra de Estado de Cultura, la ley 108-10 de fomento cinematográfico cumple diez años de implementada. En ese tiempo la misma ha tenido grandes aciertos, pero también algunos errores. Resulta más que necesario que la Señora Ministra motive una serie de diálogos horizontales en torno a ella, de forma que actualicemos y reorientemos los cimientos que dan origen a la ley, e impulsemos un verdadero y sostenido desarrollo del cine nacional.
