Seis partidos políticos han inscrito de manera formal sus respectivos candidatos a la presidencia la República en el proceso comisial pautado para el próximo domingo 05 de julio en curso. De igual manera han validado sus representantes ante la junta central electoral para optar por las 32 senadurías, y los 190 escaños a diputados.
Los seis candidatos en la contienda pertenecen a diferentes partidos. Unos y otros han articulado alianzas con otras fuerzas y grupos partidarios de menor peso político en la sociedad, aunque amparados en siglas con enorme presencia mediática. La utilidad de estos últimos resulta importante a cada proyecto político, pues hacen vender la falsa idea de que se cuenta con un gran respaldo de fuerzas.
Aunque la sociedad sólo reconoce cuatro de los candidatos presidenciales, debido a su enorme presencia en los medios de comunicación, redes sociales, publicidad exterior, y cuantas plataformas multimedia se han ideado en los últimos tiempos, en realidad competirán seis, cuyas generales sintéticas son las siguientes:
Juan Alberto Cohen Sander, economista de profesión, nacido el 14 de junio del año 1960.
Ismael Reyes, abogado y economista, nacido el 26 de julio del año 1950.
Guillermo Antonio Moreno Garcia, abogado de profesión, nacido el 15 de agosto del año 1956.
Leonel Fernández Reyna, abogado de profesión, nacido el 26 de diciembre del año 1953.
Luis Rodolfo Abinader Corona, economista de profesión, nacido el 12 de julio del año 1967, y finalmente
Gonzalo Castillo Terrero, perito en electrónica industrial, nacido el 20 de noviembre del año 1960.
Cualquiera de ellos puede ser presidente de la Republica el 05 de julio, y resulta importante que el pueblo los conozca en su mayor amplitud, de manera que al ejercer su derecho al voto tenga bien claro las cualidades morales, intelectuales y profesionales que les adornan como seres humanos ante la Nacion.
Como hemos podido ver y escuchar en estos cuatro años de campaña electoral, las acusaciones de uno y otro litoral político suman montones. En ellas resultan evidentes las relativas a la violacion sistemática de las normas éticas desde cualquier cargo de la administración pública.
En los últimos veinte y cuatro años de gestión gubernamental, la corrrupcion e impunidad no han dejado tranquilo al pueblo dominicano, que a fin de cuentas carga con el costo material y político de esas nefastas aberraciones morales.
De los seis candidatos presidenciales formalmente inscritos en la junta, todos dicen defenderán los mejores intereses del país si resultan electos. Como sabemos, de ese reducido grupo sólo uno será electo el 05 de julio. Quedarán cinco fuera de la dirección del Estado, que tendrán cuatro breves años para reencauzar su oferta electoral de cara a los votantes del año 2024.
Y nos llama poderosamente la atención una inquietud ante ese panorama desértico que vivirá el pais después de la elección, agobiado por una mortal crisis económica, pandemica y moral.
Estarán dispuestos esos líderes con sus partidos principales, y sus grupos aliados, en defender los sagrados intereses del pueblo dominicano en esos próximos y duros cuatro años?
Soy de los que entiende, aunque se considere pesimista decirlo, que una vez más tendremos un gobierno de transición en el país, a partir del 16 de agosto. Las terribles gestiones de Leonel Fernández, Hipólito Mejia y Danilo Medina, no crearon la base institucional, económica y legal para que no sufriéramos el pillaje rastrero y ruin que nos presenta ante el mundo como uno de los países de más alto índice de corrupcion e impunidad.
En ese próximo escenario es que deseo ver los candidatos presidenciales de hoy, cuestionando, y presentando temprano sus propuestas, y defendiendo militantemente los intereses de la sociedad dominicana, pero con acciones contundentes y terminales. Instrumentando y sometiendo ante los tribunales de la República los desfalcadores de ayer, los de hoy, y los que se incuben bajo las sombras del próximo gobierno.
Esos candidatos que pasarán a denominarse oposición desde el 17 de agosto del año en curso, deben asumir la responsabilidad legal de recuperar lo robado al erario, y someter a la justicia a quienes se hayan comprobado incurrieron en faltas éticas. Esa debe ser su sagrada labor, misión que se puede llevar a cabo activando el departamento jurídico de sus respectivos partidos, y el de las fuerzas aliadas.
Si cometen el error de sentarse en sus oficinas a esperar que lo haga el gobierno electo, no conseguirán renovar sus liderazgos ante los viejos y nuevos electores del año 2024.
Cada partido de la próxima oposición política dominicana, debe utilizar su tiempo en organizar su estrategia de crecimiento a partir de un sistemático clamor de justicia. El pueblo dominicano ya no aguanta más tanta indolencia ante su mal mayor.
Agustin Cortès Robles
Julio 1ro., 2020.-
