EFE
El viceministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Muñoz, dimitió este lunes tras el escándalo de la compra, ya frustrada, de respiradores para pacientes graves de COVID-19 a precios exorbitantes, que desató duras críticas en el país y llevó a la Fiscalía a abrir una investigación por presunta corrupción.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, informó de que aceptó la renuncia que Muñoz le presentó y en un mensaje en Twitter habló de la «labor fundamental» desempeñada por el ahora exfuncionario «para garantizar el abastecimiento de equipo e insumos médicos de manera correcta, dentro de las condiciones actuales y demanda mundial».
UN PRECIO ESCANDALOSO
El escándalo se desató cuando la semana se conoció que el ministerio de la Presidencia, cuyo titular es también vicepresidente la República, José Gabriel Carrizo, había comprado 100 respiradores portátiles para pacientes graves de COVID-19 con un costo de 48.950 dólares cada uno a una empresa identificada por la fuentes periodísticas como Muriba Company Inc.
El presidente Cortizo asignó al ministerio de la Presidencia y no al de Sanidad, como parte de la estrategia de su Gobierno contra la pandemia en curso, la responsabilidad de la compra de todo tipo de equipos y materiales sanitarios.
El Gobierno admitió el viernes que los equipos en cuestión costaban entre 6.000 y 10.000 dólares antes de la pandemia, pero que la guerra en el mercado para adquirirlos al haberse «vuelo el bien de mayor demanda a nivel mundial», y tenerlos en pocos días en el país, multiplicaban su costo hasta los 48.950 dólares cada uno.
Pero el Ministerio Público informó el sábado de que había abierto de oficio una investigación por la «presunta comisión de delito Contra la Administración Pública», y la Contraloría dijo que «solo se pagarán bienes y servicios adquiridos a un precio justo y razonable».
Tras esos anuncios, Muñoz afirmó el mismo sábado que la empresa involucrada informó de que «no podrá despachar los equipos por la demanda mundial», y volvió a defender la probidad de la transacción.
RECHAZO GREMIAL
Un Comité Nacional integrado por médicos especialistas que atiende a pacientes con COVID-19 pidió la suspensión «inmediata» de presentes y futuras compras para combatir la pandemia «que vuelvan a realizarse en condiciones gravosas de precio, sin consulta ni concordancia con criterios técnicos emitidos por especialistas».
Los equipos portátiles que ordenó el Gobierno no son los que necesitarán la mayoría de los pacientes que requieran de ventilación asistida, dijeron los galenos, y aseveraron que, en todo caso «es perfectamente factible que el Estado pueda» conseguirlos «a precios sustancialmente inferiores (…) y en un tiempo de días o semanas».
Los médicos recomendaron al Ejecutivo de Cortizo que se conforme un comité científico ad honorem que estudie y emita «concepto favorable acerca de la viabilidad y condiciones de adquisición de insumos y equipos médicos» para combatir la pandemia.
CORTIZO Y SU PARTIDO PIDE A ENTES CONTRALORES ACTUAR
«Las instituciones de control tienen que actuar y no ocultar», dijo este lunes Cortizo, que añadió en varios mensajes en Twitter que «la transparencia y rendición de cuentas del uso de fondos públicos, en pandemia o en tiempos normales, de funcionarios y autoridades electas, de esta y otras administraciones, fortalece la democracia, así como la CERTEZA DEL CASTIGO».
El gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) expresó su respaldo a esa solicitud de Cortizo a los órganos de «control, persecución y sanción del delito (…) para que actúen de modo que, si hay algún tipo de responsabilidad administrativa o penal, los responsables asuman las consecuencias de sus actos».
«No poner en riesgo la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las autoridades que dirigen la estrategia del estado en este momento es vital», lo que es necesario que «nuestro gobierno adopte todas las medidas para poner en conocimiento del país los detalles de todas y cada una de las contrataciones hechas hasta el momento y las que estén por hacerse en el marco» de la pandemia, dijo un comunicado del PRD.
MÁS INVESTIGACIONES
Además del expediente por los respiradores, que se mantiene abierto aunque la compra se haya caído, el Ministerio Público además investiga «posibles irregularidades en la adquisición de 7.000 mascarillas desechables para uso de la Asamblea Nacional de Diputados», según dijo el domingo la fiscal Nadia Tuñón.
La Fiscalía Anticorrupción también abrió una investigación por las supuestas irregularidades en la contratación por 168 millones de dólares de una empresa mexicana para la distribución de medicamentos del Seguro Social panameño, una transacción «opaca» que se hizo en medio de la emergencia sanitaria, según denunciaron medios locales y activistas sociales.
